Desde las sanciones al ex viceprimer ministro y ex titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, el presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de un Comunicado Oficial destaca que el Gobierno y el Partido combaten la corrupción y recalcan que el estado no consiente dichas prácticas en el país.
Luego de un análisis a la Empresa Municipal de Comercio de Sancti Spíritus desarrollado por el Grupo Empresarial de Comercio de Sancti Spíritus (GECSS), se comenzó a investigar la empresa luego de sospechas por la compra de 42 000 botellas de refresco marca Pool adquiridos en una MiPyme de la provincia de Pinar del Río y su posterior venta cerca de la fecha de vencimiento.
La Sala Primera de lo Penal perteneciente al Tribunal Provincial Popular, sancionó al director desde el mes de mayo del 2022 hasta el mes de julio del 2023 de la (EMCSS), por el hecho de cometer actividades delictivas en el sector económico, actualmente se encuentra sentenciado a 8 años de privación de libertad, sin embargo la sentencia puede variar según medios oficiales de la isla.
El director de la empresa espirituana no acató los señalamientos realizados por la Empresa Provincial de Servicios Legales, desestimó las revisiones de un profesional en Asesoría y Asistencia Legal, el cual encontró falanges e irregularidades en el contrato realizado con la MiPyme.
La revisión del contrato en el centro del Comité de Contratación y Compra de la EMCSS se hizo necesaria, aunque el director desechó la Resolución 60 de la Contraloría General de la República de Cuba, en el anexo que se refiere al elemento de actividades de control, contratación y pago a las gestiones no estatales.
Evadió los señalamientos y le causó daños económicos a la institución, valuados en 3 241 860 pesos, al recibir 22 830 refrescos. También falsificó dos actas del Comité de Contratación y Compra donde decía que en papeles esta entidad participó. Los documentos los presentó al GECSS con el único objetivo de justificar la ilegalidad cometida.
Por otra parte, 4 de las 12 unidades de la empresa municipal que compraron o vendieron el refresco no prestaron interés a la prórroga dictaminada por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en la venta de los refrescos obtenidos del dueño de la MiPyme de Pinar del Río continuando en el comercio de este producto.
Este acto delictivo se registra dentro de los 13 de corrupción registrados el año pasado en la provincia.
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