La comercialización de vehículos en Cuba incluye como tema de debate la introducción de ciertas medidas que fueron planteadas recientemente en el último periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
A su vez, el ministro de Transporte -Eduardo Rodríguez Dávila- anunció desde sus redes sociales los pormenores de las nuevas implementaciones jurídicas en el país en cuanto a la actualización de esta política.
Con el objetivo de modernizar el parque de vehículos en el país, potenciar el uso de medios eléctricos y el funcionamiento vehicular a partir de energía limpias, se pone en funcionamiento esta nueva práctica. ¿Cuáles son estas decisiones de comercialización vehicular en Cuba?
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De acuerdo a las declaraciones del titular del transporte, estas medidas forman parte de un ejercicio integral de actualización de la política sobre la comercialización, y con lo que se prevé proporcionar a la sociedad un mayor acceso a los medios de transporte.
Con ello, también se pretender iniciar una recaudación de fondos para lograr el sostenimiento y desarrollo del transporte público de pasajeros, así como la infraestructura, dentro de lo que se incluyen las estaciones de carga a partir de energía de fuentes renovables, y en lo que resulta imprescindible el financiamiento en divisas convertibles.
Las medidas que forman parte de este reajuste incluyen los siguientes aspectos:
En lo concerniente al impuesto especial que se aplica en divisas convertibles por las ventas dependiendo del tipo de vehículo, los detalles se refieren a continuación, siempre aclarando que se aplica sobre el valor de la renta:
Los vehículos eléctricos que hayan sido ensamblados en la industria nacional, incluyendo todas las clases, son los que quedan fuera a la aplicación de impuestos especiales en divisas convertibles.
Según la información divulgada por el Ministro de Transporte, el saldo correspondiente a los impuestos y aranceles que se recaude como resultado de esta política, se destinarán a un fondo de gestión del Ministerio del Transporte en vista a la recuperación y desarrollo del transporte público y su infraestructura.
Con esta actualización de políticas “se facilitará el acceso de las personas, con capacidad de hacerlo, a diferentes alternativas para satisfacer sus necesidades de movilidad a partir de recursos propios”, afirmó Rodríguez Dávila, a la vez que añade que contribuirá a la modernización de vehículos en el país, al alcance de una mayor seguridad vial, a la estimulación de producción/ensamblaje nacional, y a un mayor uso de vehículos con energías limpias.
Si bien estas medidas forman parte del actual proceso de “corrección de distorsiones y reimpulso de la economía”, con ello se pretende generar ingresos que viabilicen el sostenimiento de la industria del transporte en el país.
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