Recientemente autoridades judiciales de Uruguay citaron a 92 personas pertenecientes a 60 familias de inmigrantes cubanos a un juicio.
Los ciudadanos originarios de Cuba levantaron una comunidad bautizada como el “Barrio de los Cubanos”, situada en San José de Carrasco Norte, en ciudad de la Costa localizada a 26 kilómetros de Montevideo, Uruguay.
El grupo de inmigrantes, conformado por personas procedentes de varias provincias del archipiélago, levantaron el asentamiento que alcanza cerca de tres manzanas, construyendo casas con bloque y madera en un terreno cuya propiedad se encuentra en estos momentos en litigio.
Las familias originarias de Cuba asentadas en el “Barrio de los cubanos” fueron citadas el pasado año por las autoridades enfrentando una orden de desalojo.
En esta primera vista judicial los demandantes declararon que no estaban interesados en que las personas residentes en el lugar lo abandonaran, pero sí reclaman el hecho de que alguien debe responsabilizarse con el pago del terreno ocupado.
En la siguiente vista sostenida con la justicia paraguaya, los lugareños del predio manifestaron que tenían interés en la compra del mismo, pero no cuentan con la suma solicitada por los propietarios que asciende a los 350.000 dólares.
Luego de verse involucrados en este conflicto judicial, los lugareños decidieron fundar una asociación civil bautizada como Getsemaní cuyo nombre obedece al jardín donde, de acuerdo al Nuevo Testamento, la última noche antes de ser detenido, Jesús se mantuvo orando.
La presidenta de esta asociación civil es Natalia Cointinho, una de las primeras personas en asentarse en este sitio. Cointinho aseguró que le habían solicitado un tiempo al juez para “regular todo”, crear la citada asociación y que el Gobierno de Uruguay pueda ofrecerles un apoyo o darles un préstamo a los habitantes.
De acuerdo a la líder de la organización, los propietarios del terreno nunca reclamaron y permitieron que algunas personas vivieran en el mismo por años.
Explicó que al llegar al lugar no había ningún identificador haciendo saber que la propiedad era privada, por ejemplo un cartel o una cerca de alambre que pudiera significar que el terreno tenía dueño. Mientras, la comunidad ha ido poco a poco colocando servicios esenciales como agua y electricidad en un terreno donde apenas existe un espacio vacío.
El juicio por desalojo a los residentes aún no ha finalizado, pues ambas partes están de acuerdo en que sea vendido el terreno pero aún no se ha llegado a un acuerdo.
Según expresa la prensa local que se ha hecho eco de la noticia “Si la situación para los propietarios ya era compleja cuando no lograron construir la cooperativa, ahora el escenario parece aún peor”.
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