El expresidente y actual candidato Donald Trump ha vuelto a encender el debate nacional con una nueva orden ejecutiva: todos los camioneros en Estados Unidos deberán hablar inglés para ejercer su trabajo.
La medida, que busca reforzar el “orden y la seguridad” en el sector del transporte, podría tener profundas repercusiones, especialmente para los conductores latinos y de otras comunidades inmigrantes.
Indice
Trump firma decreto que exige dominio del inglés en el sector camionero
Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que obliga a todos los conductores de camiones comerciales en Estados Unidos a demostrar su dominio del idioma inglés. La medida contempla que los camioneros pasen una prueba de alfabetización básica en inglés para poder obtener o renovar su licencia comercial (CDL).
Esta disposición se presenta como parte de su plan de “reforma migratoria” y su política de “primero América”, según explicó durante un acto de campaña en Florida. Trump argumentó que los conductores de camiones “deben comunicarse en inglés para garantizar la seguridad en las carreteras y una adecuada interacción con las autoridades”.
¿A quiénes afecta esta nueva medida?
Aunque la orden aplica a todos los camioneros, su impacto será mayor en los conductores de origen latino, incluyendo miles de cubanos que trabajan en el sector de transporte en Estados Unidos.
De acuerdo con datos recientes del Departamento de Transporte, cerca del 18% de los conductores de camiones en el país son inmigrantes, muchos de los cuales tienen el español como lengua materna.
Los expertos advierten que esta nueva regla podría dificultar el acceso de nuevos conductores al mercado laboral y poner en riesgo el empleo de quienes actualmente no tienen un dominio fluido del inglés.
¿Cómo será implementada la prueba de inglés?
Según fuentes oficiales, el Departamento de Transporte diseñará una evaluación estandarizada que incluirá comprensión lectora, redacción básica y habilidades de comunicación oral en inglés. Los camioneros deberán aprobar esta prueba para:
- Obtener una nueva licencia CDL.
- Renovar su licencia existente.
- Transferir licencias de un estado a otro.
Se prevé que las nuevas regulaciones entren en vigor en un plazo de seis meses, con un periodo de transición para quienes ya están trabajando.
Reacciones: apoyo y críticas a la nueva política
La orden de Trump ha recibido el respaldo de algunos sindicatos de transportistas y organizaciones que promueven la seguridad vial. Sin embargo, también ha sido duramente criticada por defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes la consideran una medida “discriminatoria” y “excluyente”.
El congresista demócrata Jesús “Chuy” García declaró: “Esta orden afecta injustamente a trabajadores esenciales que han mantenido a Estados Unidos en movimiento, incluso en los peores momentos de la pandemia.”
Mientras tanto, asociaciones de camioneros latinos ya analizan vías legales para impugnar la orden ejecutiva en los tribunales.
Impacto potencial en la economía y en el sector de transporte
La industria de transporte por carretera enfrenta actualmente una escasez crónica de conductores, con un déficit estimado de más de 80,000 camioneros. Algunos analistas temen que esta nueva política pueda agravar esa escasez, elevando los costos de transporte y afectando las cadenas de suministro.
Empresas de logística y transporte han expresado su preocupación de que el requisito de inglés reduzca aún más la disponibilidad de mano de obra calificada en un momento crítico para la economía estadounidense.
Preguntas frecuentes (FAQ)
La implementación está prevista para dentro de seis meses, con un periodo de adaptación para los conductores actuales.
Será necesario demostrar habilidades básicas de lectura, escritura y comunicación oral en inglés.
Hasta el momento, no se contemplan exenciones basadas en edad, nacionalidad o antigüedad laboral.
Muchos camioneros cubanos podrían verse obligados a tomar clases de inglés o enfrentar dificultades para renovar sus licencias.
Sí, organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes ya preparan recursos legales para impugnar el decreto.
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