El gobierno cubano ha anunciado un conjunto de medidas económicas con el objetivo de “corregir distorsiones” y “reimpulsar la economía” en 2025. Estas acciones fueron presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante una reunión con gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud.
Las medidas están dirigidas a enfrentar los persistentes problemas económicos del país, marcados por la inflación, el déficit de oferta de bienes básicos, la crisis energética y las dificultades para atraer inversión extranjera.
Entre los cambios más significativos destacan el incremento de las tarifas eléctricas para determinados sectores, el establecimiento de precios máximos minoristas para productos esenciales, el uso obligatorio de tarjetas prepagas para la compra de combustibles y nuevas estrategias para atraer inversores a la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
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Uno de los puntos más controvertidos del paquete de medidas es la actualización de las tarifas eléctricas. El gobierno argumenta que esta acción busca incentivar el ahorro y mejorar la eficiencia en el consumo energético en sectores específicos. Sin embargo, los críticos advierten que podría generar un mayor impacto negativo en la economía doméstica de los ciudadanos y en las pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan dificultades financieras.
Asimismo, el gobierno ha anunciado precios máximos minoristas para alimentos esenciales como el arroz y los frijoles, con el objetivo de contener la inflación y garantizar una mayor accesibilidad a la canasta básica. A pesar de esta regulación, persisten preocupaciones sobre la capacidad real del Estado para asegurar el abastecimiento de estos productos.
Otra medida destacada es la introducción de tarjetas prepagas para la compra de combustibles por parte de personas jurídicas. Esta iniciativa busca mejorar el control sobre la distribución del combustible y prevenir la reventa en el mercado negro. No obstante, analistas económicos señalan que esta acción podría limitar aún más el acceso al combustible para ciertos sectores productivos, afectando el transporte y la logística en general.
En un esfuerzo por atraer capital foráneo, el gobierno también ha implementado nuevas estrategias en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Esta región, concebida para impulsar la inversión extranjera en Cuba, ha tenido dificultades para captar financiamiento debido a las restricciones económicas del país y las condiciones impuestas por las sanciones internacionales.
El plan busca ofrecer mayor seguridad jurídica y condiciones más atractivas para las empresas extranjeras. No obstante, los analistas consideran que sin reformas estructurales profundas y mayor transparencia, la confianza de los inversores seguirá siendo limitada.
Las nuevas medidas han generado reacciones mixtas. Mientras el gobierno defiende estas acciones como necesarias para estabilizar la economía, muchos ciudadanos y expertos las consideran insuficientes y carentes de una estrategia de largo plazo.
Algunos economistas sostienen que sin una mayor apertura al mercado y reformas que incentiven la producción interna, estas medidas podrían ser solo paliativos temporales. Otros advierten que la inflación y la escasez de productos podrían seguir en aumento, agravando la crisis que afecta a la mayoría de los cubanos.
En los próximos días se espera que el gobierno ofrezca más detalles sobre la implementación de estas medidas y su posible impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos.
El gobierno ha anunciado un paquete de medidas que incluyen el incremento de tarifas eléctricas, regulación de precios de alimentos, implementación de tarjetas prepagas para combustibles y estrategias para atraer inversión extranjera.
Dependiendo del sector, los aumentos podrían incrementar los costos de producción y de vida. Si bien el gobierno busca fomentar el ahorro, las tarifas más altas podrían afectar a los hogares con menos recursos.
La regulación de precios busca evitar aumentos descontrolados en productos esenciales, pero su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar el suministro de estos alimentos.
El gobierno pretende mejorar el control sobre la distribución del combustible y evitar la reventa en el mercado negro. Sin embargo, esto podría generar nuevas dificultades en el acceso al combustible.
Si bien pueden mitigar algunos problemas a corto plazo, expertos creen que sin reformas estructurales más profundas, la economía cubana seguirá enfrentando serios desafíos.
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