El Tribunal Provincial Popular de La Habana llevó a cabo un juicio oral y público en la provincia de Matanzas, donde se procesó a un acusado por un presunto delito de sabotaje.
El hecho en cuestión ocurrió hace aproximadamente un año en la Empresa de Prefabricado y Premezclado de Jovellanos, cuando el implicado, un ex custodio de la fábrica, ingresó a las instalaciones y cortó cuatro cables que conectaban la pizarra al sistema automatizado de producción.
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El sabotaje provocó la paralización total de las actividades de la fábrica, afectando la entrega de materiales prefabricados a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). Se estima que las pérdidas económicas ascienden a 174 000 pesos, considerando los costos de reparación y la falta de producción en el período afectado.
Además, se generaron repercusiones en los salarios de los trabajadores y en el cronograma de entrega de infraestructuras clave para el país.
Durante la vista oral, la fiscal del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía territorial de Matanzas destacó la gravedad del delito, subrayando su impacto no solo en la economía nacional, sino también en el bienestar de las familias cubanas.
Según la legislación vigente, el sabotaje con el objetivo de obstaculizar el funcionamiento de una entidad económica o militar puede ser sancionado con penas de siete a 15 años de privación de libertad.
La fiscal también resaltó que el hecho ocurrió en un momento en el que Cuba enfrenta escasez de recursos y busca dinamizar su economía, lo que hace aún más grave el impacto de este tipo de acciones.
El juicio se llevó a cabo con la presencia de familiares del acusado y bajo la supervisión de la Sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado. Hasta el momento, el tribunal ha declarado el caso en espera de sentencia, la cual se emitirá en los próximos días.
Los analistas legales consideran que, dado el impacto del hecho y el marco legal vigente, la pena podría ser ejemplarizante para evitar futuros actos de sabotaje en infraestructuras estratégicas.
El acusado enfrenta cargos por sabotaje, al haber ingresado ilegalmente a la fábrica y dañado el sistema de producción, causando graves pérdidas económicas y operativas.
El sabotaje generó pérdidas estimadas en 174 000 pesos, afectando la producción de materiales de construcción y retrasando entregas claves a ETECSA.
Según la legislación cubana, el delito de sabotaje puede ser sancionado con entre siete y 15 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso y las pruebas presentadas en el juicio.
El tribunal ha declarado el juicio en espera de sentencia, la cual será emitida en los próximos días tras la evaluación de las pruebas y testimonios.
Los actos de sabotaje generan pérdidas financieras, afectan la estabilidad laboral y ralentizan el desarrollo económico en un momento en el que Cuba enfrenta dificultades para garantizar su producción industrial y tecnológica.
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