Una reciente decisión judicial ha sido un alivio significativo para miles de migrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos, principalmente cubanos, y cuentan con permisos vigentes.
En este artículo de D-Cuba podrás conocer todos los detalles sobre el bloqueo del proceso de deportaciones masivas llevado a cabo por la actual administración de la Casa Blanca y que afecta a millones de cubanos.
Se trata de la suspensión temporal de la aplicación de tres directrices impulsadas por el Presidente Donald Trump, dirigidas a acelerar las expulsiones masivas de beneficiarios del Programa de Parole Humanitario.
Dicha suspensión fue impuesta por la jueza federal Jia Cobb, en Washington, medida que beneficia a millones de personas que entraron a través de vías legales y protegidas por el propio Gobierno.
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El fallo beneficia tanto a quienes acaban de llegar como a quienes ya residían en Estados Unidos, muchos con trabajos estables, familiares y trámites migratorios en curso.
La decisión ha sido especialmente relevante para comunidades migrantes y activistas de derechos civiles, sobre todo en estados como Florida, donde hay asentados decenas de miles de beneficiarios del Parole Humanitario.
La jueza Cobb enfatizó que el gobierno no solo intentó cerrar las rutas legales de entrada, sino que también alteró injustamente las condiciones para quienes ya estaban en el país.
Se reportaron arrestos a personas después de haberse presentado ante tribunales migratorios, en ocasiones sin previo aviso ni acceso a representación legal.
Para la jueza, los migrantes actuaron conforme a las reglas establecidas durante la administración Biden, por lo que es completamente injusto el trato recibido.
El fallo protege principalmente a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, quienes ingresaron con autorización durante la administración Biden, muchos mediante la aplicación CBP One o el Programa de Parole Humanitario.
Estos mecanismos permitían el ingreso temporal por razones humanitarias bajo pleno consentimiento del gobierno anterior.
La suspensión evita, por ahora, que sean tratados como si hubieran entrado ilegalmente, protegiéndolos de deportaciones sumarias conocidas como expedited removal (expulsión acelerada).
La jueza calificó la política de Trump como una violación al estatuto de deportación acelerada, considerándola “arbitraria y caprichosa”, según el derecho administrativo.
Esta suspensión permanecerá mientras avanza la demanda, que cuenta con el respaldo de organizaciones que defienden a migrantes vulnerables.
Los demandantes sostienen que no se deben aplicar medidas diseñadas para entradas ilegales a personas que utilizaron canales legales, subrayando la falta de debido proceso en los arrestos y deportaciones recientes.
Este caso representa uno de los primeros desafíos judiciales importantes a la política migratoria del segundo mandato de Trump y cuestiona el alcance que tiene el poder Ejecutivo federal para modificar o desmantelar decisiones previas, sin la intervención del Congreso.
Por ahora, la suspensión representa un alivio temporal para millones de personas en riesgo de deportación, a pesar de tener permisos legales.
La jueza Jia Cobb, quien encabeza el bloqueo de la medida, ha dejado claro que no se puede criminalizar a quienes siguieron las reglas establecidas por las propias autoridades.
Sin duda alguna con esta medida se ven beneficiados miles de cubanos que entraron a través del Programa de Parole Humanitario y la aplicación CBP One y que aún no han regularizado su estatus legal en Estados Unidos.
Por lo pronto solo resta esperar para conocer si la medida continúa adelante o el gobierno federal encabezado por Trump se impone en su afán de perseguir y expulsar a los migrantes, sin analizar el modo en que entraron al país norteño.
A migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que entraron legalmente a Estados Unidos bajo programas como el Parole Humanitario o mediante la aplicación CBP One, durante la administración Biden.
Evita que estas personas sean deportadas de forma rápida y sin juicio a través del proceso de expulsión acelerada (expedited removal). Gracias al fallo, los migrantes ahora tienen derecho a defender su caso y continuar sus trámites migratorios sin miedo a ser expulsados de inmediato.
La jueza federal Jia Cobb determinó que las reglas impulsadas por la administración Trump eran “arbitrarias y caprichosas”, ya que violaban las leyes migratorias vigentes y cambiaban injustamente las condiciones para quienes habían entrado legalmente.
Podrán permanecer en Estados Unidos legalmente, mantener sus permisos vigentes, continuar sus procesos migratorios y evitar deportaciones por ahora. La protección es temporal, mientras se desarrolla el proceso judicial.
Sí. Este caso podría sentar un precedente sobre hasta dónde puede llegar el presidente para modificar o anular decisiones migratorias anteriores sin aprobación del Congreso. Es un debate clave sobre el equilibrio entre el poder presidencial y los derechos legales de los migrantes.
Enorme. En Florida viven decenas de miles de migrantes que usan programas como el Parole Humanitario. La decisión judicial les ofrece tranquilidad y estabilidad, al proteger sus trabajos, familias y procesos migratorios frente a posibles deportaciones injustas.
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