Una nueva ley en la Florida pretende abordar la estadía irregular de personas sin hogar en las calles del estado, indicaron fuentes oficiales.
En su cuenta oficial en X el gobernador Ron De Santis escribió que no se toleraría más este tipo de incoherencia y que accionaría contra la expansión de campamentos, mercados de drogas al aire libre y personas sin hogar que se ponen en peligro a sí mismas y a los demás.
Indicando que todo esto es prevenible añadió que “nuestra acción de hoy es una de las muchas medidas que estamos tomando para mantener nuestras ciudades limpias y seguras para todos”.
La acción a la cual se refiere no es otra que la promulgación de la HB 1365 Acampar y dormir en público no autorizados, ley promulgada por DeSantis para su estado.
La legislación indica que a partir del 1ro de octubre estará prohibido acampar o dormir en propiedad pública sin la certificación de propiedad designada por parte del Departamento de Niños y Familias (DCF) en cualquiera de los condados y municipios de la Florida.
También autoriza a los condados a designar algunas propiedades públicas que puedan ser utilizadas para estos propósitos y les exige establecer estándares y procedimientos específicos relacionados con ellas.
Así mismo otorgará autoridad al DCF para inspeccionar dichas propiedades y emitir avisos en los casos necesarios.
La ordenanza que regulará la presencia de indigentes en los parques de la Florida prevé ciertas excepciones durante estados de emergencia que decrete la gobernatura o el país.
Si bien el contenido viene para tocar una crisis real y no resulta tan estricta como otras propuestas por DeSantis, la HB 1365 tiene un trasfondo discriminatorio y de no resolución hacia quienes viven en las calles.
Durante el anuncio de la misma el gobernador la calificó de “solución” para las comunidades “plagadas” de indigentes y que los habitantes no deberían ser abordados por ellos en las calles.
Lecturas claras a los hechos: no es eliminar un problema de la comunidad, es quitarlos de la vista, limpiar la cara de ciudades, condados y municipios para que como dijo DeSantis se pueda caminar y vivir la vida sin encontrarlos en la calle.
Aún así la ley permitiría a muchas entre las casi 31 mil personas sin hogar en el estado encontrar un atisbo de solución a sus problemas de vivienda, muchos de ellos migrantes que alcanzaron una mejor vida y duermen en parques y otros espacios públicos.
Solamente se disponen de 10 millones de dólares para ejecutar la ordenanza en los 67 condados del estado y dada la insuficiente cantidad 29 ellos serían eximidos de restricciones fiscales para los servicios que propone.
Se crearán campamentos lejos de los comercios y los barrios donde se ofrecería seguridad, saneamiento y salud conductual a quienes se alojen en ellos.
Y establece que a partir del 1ro de enero de 2025 si las comunidades no actúan hacia el desalojo de los sin hogar podrían ser demandadas por los habitantes, empresas y la procuraduría general.
Tras la demanda los gobiernos locales tendrían solo cinco días hábiles para solucionar la infracción y si se reconoce a favor de quienes la establecen tendrían que pagar los honorarios de abogados y costas.
Más allá de lo que propone y de quienes la apoyan o no están de acuerdo con su contenido la HB 1365 no resolvería la causa fundamental de la proliferación de la indigencia en el estado que es la crisis de vivienda.
Quizás si crecieran los planes en este sentido se pudiera hablar de solución a una problemática, que más que incidir sobre la “calidad de vida” de los habitantes del estado y afear la imagen de las comunidades, habla sobre abandono y pobreza de parte de su población.
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