Un reciente hecho de contravención legal aconteció en el suroeste de Miami-Dade tras investigación y confirmación policial, que involucra a una presunta clínica veterinaria.
Una denuncia anónima fue la base de acción para movilizar a las autoridades correspondientes a detener a tres personas el pasado sábado 27 de enero, luego de un previo escrutinio por los agentes asignados al caso.
Se trata de dos individuos que practicaban la medicina veterinaria sin licencia, y el tercer detenido -que responde a otro orden de responsabilidad- es el dueño de la casa en la que se ejercía la labor ilícita.
La Unidad de Delitos Médicos de Miami-Dade Police Department (MDPD), en acción conjunta con Miami-Dade Animal Services y el Departamento de Regulación Empresarial y Profesional (DBPR) procedieron a la puesta en marcha de una orden de allanamiento en la residencia referida.
La acción se efectuó tras recibir una denuncia el pasado año de uno de los clientes de la “clínica veterinaria” que refirió haber llevado a su mascota (canino) a la residencia privada para operación.
El procedimiento quirúrgico se realizó en la propia vivienda y la herida del animal contrajo peores consecuencias al infectarse. Un veterinario autorizado amputó luego la cola del perro, según declararon en detalle los agentes policiales.
Una vez que las autoridades pertinentes arribaron al lugar, comprobaron en efecto que alrededor de ocho personas esperaban para recibir atención clínica a sus mascotas, en esta residencia ubicada próxima a la cuadra 11000 de la 185th Terrace.
En la puerta principal de la vivienda colgaba un cartel con un letrero en español que anunciaba: “Veterinario en la parte trasera”.
Tras la ejecución de un registro en el interior de la morada, se encontraron frascos de medicamentos recetados obtenidos con la licencia de un veterinario profesional, pero administrados por personas sin permiso o facultad competitiva.
La policía de Miami-Dade declararon que los arrestados que obraban ilegalmente son dos individuos de Miami de 68 y 47 años, David Villalonga Blondin y Robert Hernández Ferra, respectivamente.
Los registros de la propiedad de la casa arrojan que el propietario se identifica como Arsenio Rodríguez, quien tiene licencia de veterinario, y al respecto, se informó que si los involucrados directos en el hecho son declarados culpables, el veterinario deberá entregar su licencia de profesión, puesto que esta persona -propietaria de la residencia que fungía como clínica- no tiene implicación directa en las operaciones de atención diaria.
El conocimiento del servicio se conoció en la localidad sin vías de promoción funcional, solo en comentarios de los pobladores del condado, a los que se les enfatizaba que trabajaban únicamente como un negocio de pago en efectivo, presumiblemente para evitar ser rastreada o localizada por entidades gubernamentales.
Andre Martin, oficial de información pública del Departamento de Policía de Miami-Dade, afirmó que se desarrolla una investigación del caso, y los dos implicados directos son los máximos responsables a responder por los cargos en acusación de delitos graves.
El personal de Servicios para Animales tiene la posibilidad y la ejecución permisible de generar cargos adicionales por el tratamiento de los animales, según advirtió el propio detective Martin.
Al respecto, señaló: “Hasta ahora, afortunadamente, no teníamos ningún animal ni animales heridos almacenados en esta propiedad. Todos los animales que encontramos fueron traídos aquí por sus dueños. Entonces, esos animales se fueron a casa con sus dueños y están felices, sanos y seguros, y nuestros investigadores están trabajando arduamente para reconstruir esto y descubrir cómo realmente conseguir justicia para cualquier animal que haya resultado herido”.
El suceso de Miami-Dade alerta y sirve a la vez como experiencia de aprendizaje para todos los dueños de mascotas, ante lo que se hace necesario corroborar la existencia de licencia profesional y autorizo de prácticas quirúrgicas capacitadas, puesto que para ello se requiere de un lugar apropiado a condicionamientos higiénico-sanitarios que, de lo contrario, podrían detonar en afecciones como la que dio lugar a la denuncia de este hecho irresponsable.
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