Las nuevas políticas migratorias de Donald Trump han encendido las alarmas en la comunidad inmigrante de Estados Unidos.
Con un aumento en las redadas y deportaciones aceleradas, miles de personas, incluidos beneficiarios de programas humanitarios, se encuentran en riesgo inminente de expulsión.
Familias separadas, incertidumbre sobre el futuro y temor a las autoridades migratorias son ahora una realidad cotidiana.
¿Quiénes están más expuestos a esta crisis? ¿Cuáles son los países más afectados y qué opciones tienen los inmigrantes para defenderse?
En este artículo, abordamos la situación actual y brindamos estrategias clave para enfrentar este desafío.
Indice
La prioridad de las nuevas medidas migratorias es la deportación de inmigrantes sin estatus legal en EE.UU. Las redadas de ICE se han intensificado, con operativos en lugares de trabajo, residencias y puntos de control.
Las recientes regulaciones amenazan a quienes ingresaron con Parole Humanitario y CBP One, especialmente aquellos que aún no han iniciado trámites de ajuste de estatus o asilo político.
Cualquier persona con condenas, incluso por delitos menores, tiene un alto riesgo de deportación inmediata. Asimismo, quienes ya cuentan con una orden de deportación previa pueden ser expulsados sin derecho a apelación.
Los cubanos con documentos I-220A (libertad condicional con procedimiento de deportación) o I-220B (bajo supervisión) están en peligro de ser enviados de vuelta a la isla.
Aunque el TPS y DACA siguen vigentes, la administración de Trump ha tratado de limitarlos, dejando en vilo el futuro de miles de personas que dependen de estos programas.
Las cifras oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) revelan que 271,484 personas fueron deportadas en el año fiscal 2024. De ellas, el 32.7% tenía antecedentes penales. Los países con más deportaciones fueron:
Estos países han recibido el mayor número de expulsados en lo que va del año, y la tendencia apunta a un aumento en los próximos meses, a medida que se endurecen las políticas migratorias.
Es esencial contar con un abogado de inmigración para explorar opciones legales y evitar la deportación.
Muchos inmigrantes caen en manos de notarios o consultores no autorizados. Es importante buscar asesoría de organizaciones acreditadas.
Si es detenido por ICE, tiene derecho a guardar silencio, solicitar un abogado y no firmar documentos sin asesoría legal.
Quienes tienen familiares ciudadanos o residentes pueden ser elegibles para un ajuste de estatus.
Tener documentos importantes en un lugar seguro y contar con el contacto de un abogado puede hacer la diferencia en caso de una detención.
Muchas familias tienen miembros con estatus migratorio diferente. Si este es su caso, estas son algunas medidas a considerar:
Ciudadanos y residentes pueden pedir la residencia para sus familiares a través del Formulario I-130.
Existen organizaciones que ofrecen asistencia legal gratuita o a bajo costo. Es vital recurrir a profesionales acreditados.
Si ICE toca a su puerta, no está obligado a abrir ni responder preguntas sin la presencia de un abogado.
Mantenga certificados de nacimiento, pasaportes y registros de inmigración en un lugar seguro.
Cubanos pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano tras un año y un día en EE.UU. Es crucial iniciar este proceso lo antes posible.
Las deportaciones tienen un profundo efecto no solo en quienes son expulsados, sino también en sus familias y comunidades.
La separación forzada de seres queridos genera estrés, ansiedad y traumas emocionales, especialmente en niños y jóvenes que quedan desamparados.
Además, las comunidades pierden trabajadores esenciales, lo que afecta la economía local y la estabilidad social.
Para quienes son deportados, el retorno a sus países de origen significa enfrentarse a condiciones de pobreza, violencia y falta de oportunidades.
La incertidumbre migratoria deja a miles de personas en un estado constante de miedo e inestabilidad, evidenciando la urgente necesidad de soluciones humanitarias y legales para proteger los derechos de los inmigrantes.
No todos, pero aquellos con antecedentes penales, órdenes de deportación previas o sin protecciones legales son los más vulnerables.
Si su caso de asilo está en trámite, ICE no puede deportarlo hasta que se resuelva su solicitud. Sin embargo, es importante contar con un abogado.
Es recomendable buscar asesoría legal lo antes posible, ya que estos documentos pueden considerarse una orden de deportación en ciertos casos.
Tiene derecho a guardar silencio, solicitar un abogado y comunicarse con su consulado. No está obligado a firmar ningún documento sin asesoría legal.
Por ahora siguen vigentes, pero es importante renovar permisos a tiempo y mantenerse informado ante posibles cambios.
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