Cuba admitió un alto nivel de corrupción administrativa en sus entidades estatales al imponer hasta 22 años de prisión a un considerable número de acusados.
La cifra, según citan fuentes oficiales, ascendió a 203 trabajadores que recibieron sanciones entre dos y 22 años de privación de libertad.
Malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de sellos oficiales fueron los delitos probados a estas personas.
La lista de empresas auditadas es bastante extensa e incluye a las empresas provinciales de Elaboración de Alimentos, Gastronomía de La Habana y sus unidades básicas de La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Cerro, San Miguel del Padrón y Centro Habana.
También se suman las empresas subordinadas al Grupo Empresarial de Alimentos, atendido por el Mincin, Mayorista de Mercado Paralelo, y la de Tabacos, Cigarros y Fósforos.
Y aunque lo más trascendente, sin dudas, son las sanciones de privación de libertad, también fueron aplicadas otro número importante de medidas.
Cerca de 383 sanciones fueron aplicadas tras la identificación de responsabilidades administrativas, directas y colaterales donde el “El 95 % se concentró en demociones definitivas del cargo (9,6 %), separaciones definitivas de la entidad (42 %), y separaciones definitivas del sector (44 %)”, indica el gobierno.
Entre los productos que malversaron estaban los liberados a precios diferenciados que complementaban la canasta familiar normada para la población, llevando al desabastecimiento y malestares que a su vez provocaron las denuncias que dieron paso a la investigación.
El informe explica que las infracciones de estos individuos generaron pérdidas millonarias al país al apropiarse de grandes sumas de dinero, declarando ventas minoristas que no coincidían con el efectivo por ese concepto que luego depositaban en el banco.
Los hechos dan cuenta clara de la falta de control y supervisión a los recursos del estado y las ineficiencias dentro de las empresas que son manejadas por el propio gobierno.
Todo sucede en medio del contexto en el cual hace solo unos días el presidente del país, Miguel Díaz Canel, llamó a poner mano dura y tolerancia cero ante la corrupción y el delito en Cuba.
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