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Con el inicio del 2025, los cubanos enfrentan una economía que no da tregua: precios en constante aumento, servicios públicos deteriorados y salarios que no alcanzan.
En este contexto, se aprueba la Ley No. 174 del Presupuesto del Estado, prometiendo justicia social y sostenibilidad.
Pero, ¿realmente este plan alivia la carga de los ciudadanos o simplemente la redistribuye con riesgos aún mayores? Aquí analizamos en detalle.
El presupuesto aprobado se define por sus cifras contundentes:
El gobierno asegura que estos números buscan proteger áreas esenciales como salud, educación y seguridad social.
Sin embargo, el déficit proyectado y las restricciones económicas no parecen estar alineados con una estrategia realista de desarrollo a largo plazo.
De los 315,620 millones destinados a actividades presupuestadas, gran parte va a sectores fundamentales como educación y salud pública.
Aunque esto es crucial, el gasto financiero por la deuda pública (14,744.2 millones) resta margen para reforzar estas áreas, lo que podría traducirse en servicios básicos cada vez más limitados.
A pesar de que se destinan 96,637.8 millones a inversiones y transferencias de capital, estos fondos parecen mínimos frente a las necesidades de infraestructura y desarrollo económico que tiene el país.
Si el propósito es avanzar en proyectos estratégicos, esta cifra no basta.
La reserva total para gastos imprevistos y capital es de apenas 1,900 millones de pesos.
Considerando la vulnerabilidad económica del país, esto parece más una formalidad que una estrategia real de prevención.
El déficit fiscal, que supera los 88 mil millones de pesos, equivale al 20.5% del gasto total proyectado.
Este nivel de endeudamiento se financiará con bonos soberanos que prometen un interés promedio del 2.5%.
Esto genera una carga directa sobre las finanzas futuras, mientras que los beneficios actuales del presupuesto podrían ser insuficientes para compensar ese costo.
En términos simples: se está gastando más de lo que se tiene, apostando a una recuperación económica incierta.
¿Cuánto tiempo podrá sostenerse esta fórmula antes de que las consecuencias recaigan nuevamente sobre los ciudadanos?
El gobierno intensificará las medidas para aumentar los ingresos tributarios, buscando evitar evasión fiscal y ampliar la base contributiva.
Esto incluye impuestos sobre ventas, servicios y fuerza de trabajo. Aunque necesario, es probable que los pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia sientan la presión más fuerte.
Se fomenta la “Contribución Territorial” para financiar proyectos municipales.
Aunque esto suena positivo, muchas localidades carecen de infraestructura administrativa y técnica para aprovechar estos recursos eficientemente.
El resultado: planes que podrían quedar en papel.
La Ley No. 174 no está exenta de buenas intenciones. Prioriza áreas sociales y busca estabilizar la economía en medio de un panorama complejo.
Sin embargo, su alta dependencia del endeudamiento, las limitadas reservas para emergencias y la sobrecarga tributaria generan serias dudas sobre su sostenibilidad y efectividad.
El reto no es menor: ¿logrará este presupuesto marcar la diferencia o será un parche más en una economía que sigue acumulando deudas?
Mientras tanto, los cubanos enfrentan un futuro lleno de incertidumbre, con pocas respuestas claras sobre cómo mejorar su calidad de vida.
¿Qué opinas de este nuevo presupuesto? ¿Crees que las prioridades están alineadas con las necesidades de la población?
Comparte este artículo y déjanos tu opinión. Juntos podemos analizar cómo estas decisiones impactan nuestro futuro.
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