Aduana Cubana Fortalece la Vigilancia ante Ilegalidades

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Las autoridades aduanales cubanas fortalecen la vigilancia a las  ilegalidades que pudieran ocurrir en la frontera, como principal objetivo de su accionar diario.  

Lo anterior fue declarado por el jefe de Aduana en el Aeropuerto Internacional José Martí, Jorge Luis Bubaire.

De acuerdo con el directivo,  varios hechos  relacionados con el tráfico y consumo de drogas fueron detenidos, poniendo a los comisores del delito a disposición de las autoridades pertinentes.

En tal sentido,  Maidel Torré, quien funge como jefa del departamento de Asuntos legales de la Aduana expresó que también han tenido que lidiar con fenómenos perjudiciales a la salud, y enfatizó que las mayores incidencias se mantienen relacionadas a los cigarrillos electrónicos.

Destacó que estos dispositivos se consideran un estímulo al consumo de sustancias estupefacientes y drogas por lo que está prohibida su entrada al país.

Los funcionarios hicieron referencia, además, a la disposición que establece la prorrogación de la importación libre a la isla de medicamentos, aseo y alimentos hasta el mes de junio del presente año, con el requisito de que tengan carácter no comercial y recordó que estos productos bajo estas condiciones, están exentos de aranceles. 

El jefe de la Aduana en el Aeropuerto Internacional José Martí señaló que esos productos representan la mayor cantidad de importaciones que se introducen en Cuba y que “al tener esa exención fiscal se reducen las actuaciones primarias y se imprime más celeridad al tráfico de pasajeros”.

El 85 % de los pasajeros que arriban al país a través de la  frontera en la capital cubana,  lo hacen utilizando el canal verde

Ello se traduce en que a estos viajeros se eximen de todos los procesos de chequeo o revisión y no pagan aranceles, explicó el directivo a los medios de comunicación .

De igual manera se extendió el plazo hasta el 31 de marzo del 2023 para la importación a la Mayor de las Antillas de las plantas eléctricas de gran potencia, es decir, aquellas cuya capacidad de generación supera los 900 vatios, medida que favorece básicamente al sector residencial,  teniendo en cuenta los problemas con la generación de energía eléctrica que enfrenta la isla.

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