Desde que comenzó en Cuba el auge de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) hubo algunas personas que recibieron con escepticismo la apertura, y se preguntaron hasta cuándo sería la bonanza del Estado con el sector particular.
A quienes vieron como pesimistas, hoy deben dar la razón, pues desde la occidental provincia de Pinar del Río el Gobierno Provincial determinó topar precios de algunos productos comercializados por estas empresas privadas.
¿Cuáles son los productos y sus nuevos precios? ¿Qué repercusiones puede traer la medida? ¿Qué opinan los cubanos de ello? Si quieres conocer las respuestas a estas y otras preguntas, continúa leyendo este artículo que D-Cuba prepara para ti.
Según lo informado por la cuenta oficial del Gobierno de Pinar del Río en la red social Facebook, lo pactado fue el resultado del consenso en el Comité de Concertación de Precios, en el cual participaron las autoridades de gobierno, de conjunto a representantes de MiPyMEs y trabajadores por cuenta propia –los llamados TCP–.
La noticia desconcierta a muchos que no saben cómo recibirla, pues son varias las implicaciones que puede llegar a tener. Productos de primera necesidad como el pollo, el aceite, la salchicha, la leche en polvo, las pastas alimenticias y el detergente en polvo deberán venderse a la población con nuevos precios. Una pequeña muestra de lo “pactado” puede ayudar a entender lo polémico de la decisión:
- Pollo troceado – 1 libra – 310 cup
- Pollo troceado – 1 kilogramo (Kg) – 680 cup
- Paquete de pollo – 2.2 Kg – 1 500 cup
- Caja de pollo – 12 Kg – 8 160 cup
- Aceite – 1 litro – 900 cup
- Aceite – 900 mililitros – 810 cup
- Leche en polvo – 1 kg – 1 675 cup
- Detergente en polvo – 1 kg – 630 cup
- Salchicha – 340 gramos – 350 cup
Con una primera lectura al impacto de la medida, puede notarse el beneficio que representaría para la población, pues podrá adquirir muchos de estos productos a precios más bajos. Aunque, por distópico que parezca, en algunos casos el tope del gobierno propone un precio superior al que sostienen las MiPyMEs en la actualidad.
Pero viendo más allá, es cuestionable si el futuro de los mencionados productos será el de los medios de transporte cuando toparon los precios de las rutas en varias provincias: hoy por hoy son inexistentes, la población no tiene acceso a ellos y solo “por la izquierda” logran resolverse las necesidades, con precios aún más elevados.
Otra polémica llega con las relaciones comerciales entre las MiPyMEs y los TCP. Las MiPyMEs importan los productos de primera necesidad del extranjero, luego los TCP los compran por cantidades y los acercan a sus comunidades a cambio de un margen de ganancia. Ahora, con los precios topados, ¿podrán los TCP continuar con su función?
Medidas similares comienzan a tomarse también en instancias locales, como en el municipio de Corralillo, en Villa Clara, donde el gobierno ensaya con los precios de refrescos y cervezas enlatadas de importación, así como con alimentos que para su elaboración requieren de materias primas importadas.
Es cierto que las Administraciones municipales y provinciales tienen la autoridad, según la ley, para intervenir en los precios de los productos y servicios expedidos en sus territorios, cuando las circunstancias así lo requieran.
Pero también tienen la responsabilidad de garantizar estabilidad y bienestar al pueblo, tomar medidas consecuentes con sus propósitos, sin la necesidad de recurrir en semanas o meses a un proceso de “rectificación” o “reordenamiento”. ¿Será eficiente la medida esta vez?
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