Los problemas migratorios y su repercusión política se acrecientan paulatinamente, y ante ello, las autoridades gubernamentales de EE.UU se pronuncian al respecto con una advertencia legal en cuanto a la presunta aplicación de la ley antiinmigrante de Texas.
El Departamento de Justicia del gobierno norteamericano comunicó el pasado jueves a Greg Abbott -gobernador de Texas- que se efectuará un proceso de demanda si se aplica la ley antiinmigrante SB4, calificada de vulnerar las cláusulas constitucionales.
El nuevo ordenamiento jurídico de Texas no cambia las leyes de Inmigración, puesto que no existe poder judicial respecto a ello, pero sí puede legislar a agentes policíacos y oficiales electos de Texas.
En esencia, esta nueva ley permite a autoridades locales detener e iniciar trámites de deportación a aquellas personas que arriben ilegalmente al Estado. Existe un mayor riesgo de acción por la presunta falta de estatus legal y requiere la retención de inmigrantes para ser transferidos al Departamento de Inmigración y Aduanas.
La ley antiinmigrante -aprobada en el mes de noviembre por la Legislatura de Texas- convierte en delito menor el ingreso al estado desde una nación extranjera por vías irregulares, y la detección ilegal se convierte en crimen grave censurable hasta con 20 años de cárcel si se trata de un persona reincidente.
La SB4 fue firmada el 18 de diciembre por el gobernador en Brownsville, y se pretende implementar en marzo del próximo año, considerada una de las más severas y rigurosas, y que forma parte de las medidas de la Operación Estrella Solitaria contra la inmigración regular, bajo mandato de Abbott.
El gobernante de Texas señaló al respecto que “la deliberada falta de acción del Gobierno de Biden ha hecho que Texas deba defenderse a sí mismo” con lo que justifica el planteamiento de las cláusulas jurídicas, y añadió: “Los autores de nuestra Constitución previeron una situación donde el Gobierno federal dejaba desatendido a los Estados si estos enfrentaban retos en sus fronteras”.
Al respecto, el gobierno estadounidense envió una misiva al gobernador de Texas, en la que se acusa de ser la SB4 una ley inconstitucional. El vicefiscal general, Brian Boynton, indicó también que obstaculiza las operaciones del gobierno federal para aplicar la ley de inmigración.
Ante ello, la carta constriñe a la autoridad gubernamental de Texas a la abstención de implementar la SB4, de lo contrario Estados Unidos habrá de recurrir a todos los medios legales posibles para no permitir que Texas interfiera en las funciones del gobierno federal.
Tras firarse la nueva ley, el presidente de México, Manuel López Obrador se refirió a Abbott como “señor de malas entrañas”, y declaró en conferencia de prensa que se iniciaron los trámites correspondientes en la Secretaría de Relaciones Exteriores para impugnar la ley, y que siempre rechazará medidas de tal índole en defensa de los migrantes.
La discordia política coloca a Abbott en medio de un conflicto jurídico con lanzas del gobierno estadounidense y mexicano. El pasado 19 de diciembre se presentó ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas una demanda contra la SB4 a favor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP).
El alegato de demanda argumenta que el ordenamiento jurídico viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, y se espera al respecto, el pronunciamiento de revocación de Greg Abbott en términos legales.
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