Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, a casi 3 meses de mandato no ha dejado indiferente a su ciudadanía ni a la comunidad internacional ni un solo día.
Sus medidas, cada día más extremas, en teoría buscan conseguir la perfección en su país, pero poco a poco van generando cada vez más polémica e inestabilidad.
Desde el inicio de su campaña prometió deportaciones masivas de migrantes en situaciones irregulares, y así lo ha estado cumpliendo.
Bajo la excusa de que todos los migrantes son delincuentes o potenciales delincuentes, Trump ha desatado una cacería de brujas contra millones de inmigrantes, hayan cometido actos delictivos o no.
¿Hasta qué punto podrían llegar estas medidas de Trump? ¿Podrían afectar a ciudadanos estadounidenses? Sobre una nueva intervención de Donald Trump, que implica a los ciudadanos de los Estados Unidos, te contamos en este artículo de D-Cuba.
Indice
La política antiinmigrante de Donald Trump no es secreto para nadie, de hecho, fue su estandarte durante su campaña electoral y uno de los motivos que lo llevaron a la victoria.
No solo ha dispuesto todos los recursos de las autoridades migratorias (ICE) en pos de perseguir, apresar y deportar a todos aquellos que tengan un estatus irregular en este país, sino también ha llegado a acuerdos con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a las mega cárceles de este país a personas que se sospeche que pertenecen a organizaciones terroristas como el Tren de Aragua o el MS-13.
Los prisioneros que Estados Unidos determina como altamente peligrosos, son enviados a la mega cárcel salvadoreña conocida como Cecot o Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Bukele también ha sido un presidente controversial, pues el enfoque punitivista contra sus prisioneros, y la violencia con la que son tratados en sus cárceles, ha sido ampliamente criticada por organizaciones de los derechos humanos.
Otros tantos aplauden esta estrategia, basándose en la supuesta efectividad de sus medidas.
Los acuerdos entre Trump y Bukele permiten que muchos inmigrantes detenidos en Estados Unidos sean enviados a cárceles de El Salvador.
Una vez allí, ambos mandatarios alegan que no tienen jurisdicción para liberar a ningún prisionero. Bukele argumenta que él no tiene derecho a terminar la condena si Estados Unidos determinó que era terrorista, y desde la Casa Blanca se afirma que la decisión corresponde a El Salvador.
Un prisionero que entre a El Salvador tiene posibilidades casi nulas de salida, aunque su condena sea un error, como es el caso de Kilmar Armando Ábrego García, quien según sus abogados no pertenece a ninguna organización terrorista y fue detenido por ser un migrante irregular y enviado a estas cárceles.
Según esta política de Trump y lo que él mismo ha planteado en varias ocasiones, en caso de detener a delincuentes altamente peligrosos podrían recibir un trato similar y ser expulsados del país y enviados a estas cárceles, para las cuales Bukele declaró no tener un límite a la hora de recibir deportados, ni de cantidad de personas ni de nacionalidad.
La administración está “estudiando las leyes” para lograr establecer esta medida, que ya ha sido catalogada como anticonstitucional y ha alarmado a grupos de derechos humanos.
Según Trump, hacer esto le ahorraría recursos a Estados Unidos. El presidente alega que tienen ciudadanos “tan peligrosos” como los que “están entrando” al país ilegalmente y que, de cometer actos violentos, merecen este destino.
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