Cuba está en un período de crisis al que muchos denominan economía de guerra, lo cierto es que son mayores las limitaciones que las bonanzas y la vida del cubano se complejiza a diario.
La disponibilidad de combustibles en el país es bastante baja desde hace varios meses y resulta es necesario regular la venta a la población y el sector estatal, para que llegue a un mayor número de beneficiarios.
Resulta vital, además, priorizar servicios básicos y producción de alimentos. En este proceso organizativo también hay brechas abiertas que dan paso a la comisión de ilegalidades, indisciplinas sociales y delitos.
Sobre este tema se ofrecieron detalles en la revista Buenos Días del Canal Caribe.
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El periodista Humberto López intercambió con Yahimara Angulo González, Vicefiscal provincial de La Habana, para conocer sobre el enfrentamiento a coleros y revendedores en el expendio del combustible en la capital.
La abogada explicó que “cuando se cometen conductas como estas se está transgrediendo un derecho de otra persona, se está provocando una afectación en otro ciudadano y por tanto esto tiene una expresión en nuestro Código Penal”.
“En estos casos se pueden poner de manifiesto los delitos de especulación y acaparamiento, en el que pueden ser responsables no solamente los ciudadanos que se presentan en los Cupet a adquirir determinadas cantidades de combustible, sino también un colero puede ser acusado por esos delitos.
En el caso de los trabajadores de esas instalaciones, precisó la Vicefiscal que “si en el ejercicio de su actividad comercial exceden en las ventas, facilitando o beneficiando a determinadas personas y dejan desprovistos a otros ciudadanos, que después vienen a adquirir el producto y ya no pueden cubrir su demanda, estos también están cometiendo un delito de especulación y acaparamiento que está reprimido en el Código Penal”.
En estos momentos hay un grupo de personas que están instruidos de cargos por realizar la venta de tickets en la parte exterior de los Cupet. Estos sujetos organizaban a su manera la cola para la adquisición de beneficios personales.
Se dedicaban a cobrar por este “servicio” y estaban incurriendo en delitos de actividades económicas ilícitas, especulación o acaparamiento, en dependencia de la manera en la que realice su actividad.
La Vicefiscal de La Habana acotó que siempre serán impuestas sanciones que están previstas en el Código Penal de la isla, las cuales pueden implicar privación de libertad.
Xian Fong, presidente de la sala primera del Tribunal Provincial de la capital, precisó en su comparecencia televisiva que “los tribunales tienen en cuenta el contexto en que se desenvuelve el país, para castigar o reprimir determinadas conductas delictivas que se incrementan”.
Para las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales también incide que el país está enfrentando una situación especial con los combustibles.
En esos casos “pudieran concurrir a valoración del tribunal determinadas circunstancias que agravan la situación procesal de una persona”, comentó el letrado.
En determinados momentos se pueden incrementar los marcos sancionadores, en sus límites mínimos y máximos hasta un tercio, eso está establecido en ley según recalcó Yahimara Angulo González, Vicefiscal provincial de La Habana, antes de culminar el espacio televisivo.
Para quienes son reincidentes o multirreincidentes esto agrava los marcos penales y puede ampliarlos, incluyendo la privación de libertad con sanciones accesorias como pueden ser el comiso o la confiscación de los bienes.
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