Hechos de sustracción de aceite dieléctrico de los transformadores eléctricos preocupan en Cuba, en medio de la contingencia energética que vive el país con frecuentes y largos apagones.
Un reporte de la prensa oficial en Santiago de Cuba reconoce tales actos delictivos en los municipios de Contramaestre, Palma Soriano y San Luis, en este último ocurrió el que perjudicó a la mayor cantidad de ciudadanos e instituciones.
Le fueron robados unos 300 litros de aceite al transformador de 6,3 millones de volt amperes (MVA) localizado en la Subestación de Paquito Rosales, en San Luis, específicamente durante la última desconexión general del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
El referido hecho causó afectaciones a miles de pobladores en los consejos populares de Paquito Rosales, Dos Caminos y cuatro circunscripciones del Estrella Roja.
Ese tipo de aceite contribuye a extender la vida útil y el funcionamiento eficaz de los transformadores eléctricos, disipa el calor, asegura que la bobina y el núcleo del equipo estén en las temperaturas ideales al posibilitar la absorción de energía térmica, cuando se carece del aceite el transformador colapsa.
Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido, declaró que no habrá impunidad contra los autores del delito, cuando en noviembre en el territorio suman ya cinco los transformadores afectados por el robo de aceite.
El equipo afectado de Dos Caminos está valorado entre cuatro y cinco millones de dólares, y el hecho implicó adoptar alternativas para facilitar la alimentación de los pobladores, y la disponibilidad de energía para cargar equipos y dispositivos.
De acuerdo con datos de la fiscalía entre octubre y noviembre ese tipo de hechos se ha incrementado en la provincia, lo que ha generado molestias y alteración de la tranquilidad ciudadana.
Tales hechos podrían clasificarse como delitos de Hurto o Robo con Fuerza en las Cosas, teniendo en cuenta la manera en que se dé la sustracción y quienes compren o vendan este aceite podrían ser acusados de un delito de Receptación.
Dicha conducta podría tipificar además como un delito de Sabotaje, contemplado en el capítulo II de la Ley 151/22 que es el Código Penal vigente, en el cual se recogen los Delitos contra la Seguridad Interior del Estado.
La ley precisa además que constituyen agravantes cuando se pone en peligro la seguridad colectiva, o hay consecuencias graves, cualquiera que sea el medio empleado, o si los bienes dañados son de las reservas materiales, como en dicho caso.
Las penas establecidas son de 10 hasta 30 años de privación de libertad, explicó la M.Sc. Elizabeth Govea Maceo, Jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial.
Desde septiembre de 2024 reportes oficiales reconocían la puesta en marcha de medidas contra esas acciones delictivas dado el daño que representan para la economía y la sociedad.
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