Dos jóvenes cubanos enfrentan una condena de 12 años de prisión tras ser encontrados culpables de tráfico de drogas, en un nuevo episodio de la ofensiva judicial del gobierno contra el narcotráfico.
El hecho ha generado inquietud entre juristas y ciudadanos, quienes observan con preocupación el endurecimiento de las penas y la opacidad en los procesos.
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El caso ocurrió en la Carretera Central del municipio Contramaestre, cuando la Policía interceptó un ómnibus Transtur con destino a La Habana.
En una inspección, las autoridades encontraron 501 gramos de marihuana, una balanza digital con restos de la droga y una cantidad no especificada de dinero en efectivo.
Ambos imputados, cuyas identidades no fueron divulgadas, eran vigilados previamente por la Dirección Nacional Antidrogas, debido a “acciones ilícitas continuadas”, según reveló la nota oficial publicada por el periódico Sierra Maestra.
El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba aplicó los artículos 235.1 inciso a) y 2 g) del Código Penal cubano, que permiten castigos que van desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, en los casos más graves.
Además de la pena de cárcel, se impusieron sanciones accesorias: prohibición de salida del país, confiscación de bienes y privación de derechos civiles. Las autoridades aseguran que durante el juicio se respetaron las garantías procesales y el derecho de apelación.
Este caso no es aislado. En semanas recientes, el mismo tribunal condenó a otros ciudadanos a penas de entre 8 y 20 años por delitos similares, incluyendo cultivo, venta y transporte de marihuana y otras sustancias como “el químico”.
El presidente de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal de La Habana, Xian Fong Zamora, declaró que el 92 % de los acusados por tráfico de drogas en Cuba están siendo enviados a prisión con penas firmes, como parte de una campaña nacional contra el narcotráfico.
La razón de esta línea dura, según medios oficialistas, es el alarmante aumento en el consumo de drogas entre jóvenes e incluso menores de edad, especialmente en escuelas, algo que el gobierno ha reconocido públicamente.
El discurso oficial cubano insiste en que “todo el peso de la ley” caerá sobre quienes atenten contra la estabilidad social mediante el consumo o venta de drogas.
Sin embargo, críticos advierten que los juicios ejemplarizantes no sustituyen a una política de prevención real, ni abordan las raíces del problema: falta de información, represión selectiva y una economía sumergida que alimenta el narcotráfico.
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