El gobierno cubano ha anunciado la creación de un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de la violencia de género. Esta iniciativa surge en respuesta a la creciente preocupación por el aumento de casos de feminicidios y violencia machista en la isla en los últimos años. ¿Qué ha llevado al gobierno a implementar este sistema y cuáles son los datos más alarmantes revelados hasta ahora?
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Durante una reciente reunión del Consejo de Ministros, la fiscal general Yamila Peña Ojeda presentó el nuevo sistema que será operado por un grupo de 25 expertos del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular. Este sistema tiene como objetivo recolectar y gestionar información estadística para prevenir la violencia de género, especialmente en el entorno familiar.
A pesar de este avance, las plataformas feministas independientes, como Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas, han criticado la falta de transparencia del gobierno cubano en la divulgación de información sobre feminicidios y violencia machista.
En 2023, estas organizaciones registraron 89 feminicidios, mientras que en el primer semestre de 2024, han verificado 28 casos, una disminución del 43% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Estas plataformas han enfatizado la necesidad de una Ley Integral contra la violencia de género y la creación de refugios para mujeres en situación de peligro. También han señalado que el gobierno cubano ha admitido que más de 16,000 mujeres y niñas viven en situación de violencia, siendo la mayoría negras y mestizas.
La creación de este sistema de registro es un paso importante, pero la efectividad dependerá de la transparencia y accesibilidad de los datos recopilados. Hasta ahora, la información oficial sobre feminicidios en Cuba ha sido limitada y los observatorios independientes han jugado un papel crucial en documentar estos casos.
En el año 2023, el 75% de los casos de violencia machista ocurrieron en viviendas, una tendencia que se mantiene en 2024. Además, el 72% de las víctimas tenía entre 25 y 59 años, y el 45% eran trabajadoras no remuneradas. La mayoría de los agresores (84%) eran pareja o expareja de la víctima, y el 31% tenía antecedentes penales por hechos violentos.
El nuevo sistema busca cambiar esta realidad, proporcionando datos precisos y accesibles que permitan diseñar políticas efectivas de prevención y respuesta. Sin embargo, queda por ver si estos esfuerzos se traducirán en una disminución real de la violencia de género en Cuba.
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