La administración de Donald Trump ha reavivado el debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un derecho garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución.
En una nueva maniobra legal, el gobierno ha presentado una apelación de emergencia ante la Corte Suprema con el objetivo de restringir este derecho a los hijos de inmigrantes indocumentados.
La medida ha sido bloqueada por tribunales federales, pero la Casa Blanca insiste en seguir adelante con la batalla legal.
A continuación, analizamos los detalles de esta controversia, sus implicaciones y qué podría pasar en los próximos meses.
Indice
Desde su primer mandato, Donald Trump ha expresado su intención de modificar las reglas de ciudadanía por nacimiento, calificándola de un “regalo sin sentido” que, según él, incentiva la inmigración ilegal.
Su orden ejecutiva, firmada en enero tras asumir su segundo mandato, plantea que los niños nacidos en EE.UU. después del 19 de febrero no recibirían ciudadanía automática si sus padres están en el país sin autorización.
Sin embargo, jueces de distrito en Maryland, Massachusetts y Washington bloquearon la medida, argumentando que va en contra de la 14ª Enmienda.
Ante esto, la administración ha llevado el caso a la Corte Suprema, insistiendo en que los jueces individuales no deberían tener el poder de invalidar órdenes presidenciales a nivel nacional.
La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil. En su texto se establece que:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen.“
Este principio ha sido fundamental en la historia del país, garantizando la ciudadanía a millones de personas, incluidos inmigrantes y sus descendientes.
Sin embargo, el gobierno de Trump argumenta que la frase “sometidas a su jurisdicción” podría permitir restricciones para los hijos de indocumentados.
Expertos en derecho constitucional han señalado que cualquier intento de cambiar este derecho requeriría una enmienda constitucional, un proceso extremadamente difícil que necesita la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.
Si la propuesta de Trump se implementara, los efectos serían profundos:
Los niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados quedarían sin ciudadanía, lo que complicaría su acceso a educación, atención médica y otros derechos fundamentales.
Actualmente, más de 5.5 millones de menores en EE.UU. viven con al menos un padre sin estatus legal. Sin ciudadanía, estas familias enfrentarían barreras aún mayores para su integración y estabilidad económica.
La eliminación de la ciudadanía automática complicaría aún más el ya saturado sistema migratorio de EE.UU., al generar nuevos desafíos legales sobre la nacionalidad y el estatus de estos niños.
La Corte Suprema tendrá que decidir si acepta la interpretación de Trump o si mantiene el principio del ius soli (derecho del suelo) que ha regido en EE.UU. por más de 150 años.
La Corte Suprema aún no ha emitido un fallo definitivo sobre la apelación de Trump, pero el caso podría convertirse en una de las batallas legales más significativas de su mandato.
El Tribunal ya ha mostrado preocupaciones sobre el alcance de las órdenes judiciales a nivel nacional, lo que podría influir en su decisión.
Mientras tanto, diversos grupos de derechos civiles y estados han presentado demandas contra la orden presidencial, argumentando que es inconstitucional y que afectará gravemente a millones de personas en el país.
No. Más de 30 países, en su mayoría en América, otorgan ciudadanía automática a los nacidos en su territorio, incluyendo Canadá, México, Argentina y Brasil.
No. La 14ª Enmienda establece este derecho, y modificarla requeriría una reforma constitucional, lo que implica un proceso legislativo complejo.
De aprobarse, los hijos de cubanos sin estatus legal en EE.UU. podrían perder el derecho automático a la ciudadanía, afectando su acceso a beneficios y su futuro en el país.
El proceso legal podría tardar meses, pero una decisión preliminar podría llegar antes del verano de 2025.
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. está lejos de terminar. Mientras Trump presiona para modificar uno de los principios fundamentales del país, la Corte Suprema se prepara para decidir el futuro de millones de personas.
¿Logrará la administración imponer su visión o prevalecerá la Constitución?
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