Un proyecto de ley bipartidista estadounidense que pretende aprobar reformas migratorias podría conllevar al cierre de la frontera sur con México.
Si el acuerdo se concreta y el Congreso aprueba finalmente la propuesta las leyes migratorias del país cambiarían de forma radical en varias décadas.
El paquete de medidas anunciadas abordaría la crisis migratoria sin precedentes que vive el país con medidas estrictas dirigidas hacia cambios en la gestión de los cruces fronterizos, en la política de asilo y en los permisos humanitarios y vías a la ciudadanía, fundamentalmente.
La ley daría autoridad de emergencia para limitar los cruces fronterizos irregulares si la cifra diaria de inmigrantes alcanza los 4 mil en una semana.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría decidir en ese caso la prohibición de solicitudes de asilo si han cruzado la frontera ilegalmente.
De igual forma si se promedia en una semana más de 5 mil cruces irregulares de indocumentados de media al día en una semana el DHS estaría obligado a cerrar la frontera.
Y si los encuentros de los efectivos de la agencia registran los 8500 en un día, igualmente el departamento tendría que hacer uso de esa autoridad.
Según la legislación en el primer año, el Gobierno podría utilizarla durante 270 días, en el segundo año por 225 días naturales y 185 en el tercer año, por lo cual el gobierno federal estará limitado para hacer uso de la autoridad.
Otro acápite importante en la propuesta son los cambios en la política de asilo en la cual se exige al gobierno que cuando se active esa autoridad de emergencia se tramiten al menos al menos 1400 solicitudes de asilo en los puertos de entrada.
Se indicará la aportación de evidencias a un nivel más riguroso para demostrar eleva el nivel legal de exigencia de pruebas para superar vencer el examen inicial de asilo y la aceleración de los plazos de tramitación a solo seis meses, cuando en la actualidad el proceso llega en ocasiones hasta 10 años.
Con la nueva ley el Servicio de Ciudadanía e Inmigración tendría autoridad para decidir sobre una solicitud de asilo sin que el trámite pase por el sistema de tribunales de inmigración y esto no aplicaría para los menores de edad no acompañados.
Un último punto de las reformas migratorias se dirigiría a cambios en los permisos humanitarios y a las vías para obtener la ciudadanía.
Sería el presidente del país quien caso por caso otorgaría los permisos humanitarios.
Preserva la autoridad del presidente para otorgar permisos humanitarios caso por caso y restringe estos permisos en las fronteras terrestres.
La legislación indicará la autorización de 250 mil visados de inmigrante adicionales en cinco años, visados que deberán ser repartidos entre familias que migran por empleo.
Las medidas también incluyen la ampliación del programa especial de visados de inmigrante para afganos que hayan trabajado para el gobierno estadounidense y facilitará la ciudadanía a los afganos que entren en Estados Unidos tras la retirada estadounidense de Afganistán.
Los expertos estiman que incluso si se aprueba, la entrada en vigor de esta ley podría tardar pues demandaría a su vez la aprobación de recursos, paso que llevaría meses aprobar.
La actual administración reconoce su fallido sistema de inmigración y puja por la aprobación de la ley, mientras algunos republicanos bajo la tutela de Trump desestiman la propuesta.
Vale añadir que la legislación en curso de aprobación por el Congreso añade otros acápites para luchar contra el tráfico de fentanilo en la frontera y aborda otras áreas clave relacionadas con ayuda militar a Israel y Ucrania.
Por último, también indica que se entregarán recursos para ayudar a los aliados en la región Indo-Pacífico ante la amenaza que representa la República Popular China.
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