Cuba enfrenta uno de los retos más significativos en su historia reciente: la crisis del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Apagones prolongados, deterioro de infraestructura y limitaciones financieras dibujan un panorama sombrío.
Aunque el gobierno ha presentado un plan de recuperación, surgen dudas sobre su viabilidad. ¿Es realmente una solución sostenible o solo una promesa más en el discurso oficial?
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El sistema eléctrico de Cuba se encuentra en una situación crítica, resultado de décadas de deterioro, escasez de recursos y políticas poco sostenibles.
Según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, las pérdidas acumuladas de potencia en el SEN superan los 1,000 megawatts debido a la inoperatividad de cinco plantas clave y las limitaciones de las unidades térmicas.
La sobreexplotación de motores diésel, diseñados para operar unas pocas horas al día, es un reflejo de las soluciones de emergencia que han predominado en la última década.
Actualmente, la generación distribuida opera al 36 % de su capacidad, y las patanas —importantes para el suministro energético— están disminuyendo debido a la falta de pago a proveedores internacionales.
El bloqueo económico de EE. UU., señalado constantemente como el principal obstáculo, ciertamente añade complejidad, pero no puede ser la única explicación.
La falta de planificación estratégica a largo plazo y la dependencia de tecnologías obsoletas también contribuyen al colapso del sistema.
El plan del gobierno incluye medidas que, en el papel, parecen ambiciosas: rehabilitación de infraestructura, incorporación de energías renovables y mejoras en la eficiencia energética.
Sin embargo, la experiencia pasada siembra dudas sobre su implementación.
El énfasis en los parques solares fotovoltaicos es destacable, con una proyección de sincronizar cinco parques al mes en 2025, sumando 1,202 megawatts.
No obstante, los retrasos en la llegada de componentes, causados tanto por las restricciones comerciales como por la falta de financiamiento, ya han afectado proyectos anteriores. ¿Qué garantiza que este megaproyecto no correrá la misma suerte?
Además, la obligatoriedad para los grandes consumidores de cubrir el 50 % de su demanda con fuentes renovables podría ser una medida más simbólica que práctica, considerando las limitaciones actuales para acceder a estas tecnologías.
Aunque en 2023 se recuperaron motores en Mariel y Moa, sumando 300 megawatts, esta cifra es insuficiente frente al déficit total.
La unidad seis de la termoeléctrica de Mariel y los avances en Boca de Jaruco muestran cierta resiliencia, pero son parches temporales para un problema estructural mucho más profundo.
El gobierno asegura que para 2026 habrá una recuperación significativa del SEN. Sin embargo, la dependencia de donaciones extranjeras, como la de Venezuela en 2023, y la limitada capacidad de financiamiento interno, generan incertidumbre sobre la sostenibilidad de estas proyecciones.
Además, la crisis energética de Cuba no es solo un problema técnico, sino también político.
La centralización de decisiones y la falta de transparencia en los procesos dificultan una evaluación objetiva de los avances y los obstáculos.
El plan presentado por el gobierno cubano tiene el mérito de ofrecer una hoja de ruta en medio de una situación caótica.
Sin embargo, su implementación enfrenta serios desafíos económicos, técnicos y políticos.
La historia reciente de proyectos energéticos inconclusos en la isla obliga a una mirada crítica: ¿se trata de un punto de inflexión real o de otro capítulo en el ciclo de promesas incumplidas?
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