Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos decidió no permitir que Florida implemente la ley SB 4-C. La normativa fue idea del gobernador DeSantis y propone una arremetida contra los inmigrantes.
¿Por qué impedir la aplicación de esta ley en el estado y cómo beneficia esta decisión judicial a la comunidad cubana? Para conocer los detalles de lo ocurrido con la ley SB 4-C te invitamos a leer completo este trabajo de D-Cuba.
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En las últimas horas varias fuentes oficiales se han hecho eco de lo informado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) quien considera que dicha ley criminaliza la migración irregular en el estado.
Igualmente, asegura ACLU que con la aplicación de esta ley se refleja una de las políticas más duras contra los inmigrantes indocumentados en todo el estado de Florida.
Según lo dispuesto por un tribunal del Onceno Circuito de EE.UU. los magistrados rechazaron por unanimidad la petición del fiscal de Florida, James Uthmeier, para que se levantara la suspensión que mantiene bloqueada la ley desde el mes pasado.
La decisión inicial respecto a la SB 4-C, promovida por Ron DeSantis, Gobernador de Florida, consideró que probablemente era inconstitucional y, por ello, ordenó detener su implementación mientras se avanza en el proceso legal.
La ley bajo análisis autoriza la detención y encarcelamiento de individuos que hayan ingresado al país sin los procedimientos migratorios adecuados, incluso si posteriormente han regularizado su estatus legal y no han incurrido en otros delitos.
Esta disposición ha generado controversia debido a su potencial impacto en personas que, a pesar de haber subsanado su situación migratoria, podrían ser sujetas a detención.
Además, obliga a mantener a esas personas en prisión preventiva sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, ni su estatus migratorio.
Es por ello que organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han señalado que esta ley no solo es cruel, sino que también viola normas jurídicas federales y derechos constitucionales básicos.
La demanda contra esta ley, aprobada en febrero, fue interpuesta en representación de la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas del estado y varias personas afectadas.
Bacardi Jackson, quien es la directora ejecutiva de la ACLU en Florida, expresó que la decisión del tribunal no solo representa una victoria legal, sino también un rechazo contundente a la crueldad disfrazada de política.
La portavoz afirmó que los legisladores de Florida intentaron aprovechar el miedo y la discriminación racial para ejercer su autoridad, y que la SB 4-C constituye un abuso de poder dirigido a sancionar a los inmigrantes y a dividir a las comunidades.
Por otro lado, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, señaló que esta decisión se suma a otros fallos en tribunales de Florida, Texas y Oklahoma, que han bloqueado leyes similares.
Del mismo modo, Wofsy resaltó que ya es hora de que los estados entiendan que estas leyes de inmigración son inconstitucionales.
Para nadie es un secreto que en el estado de la Florida existe una comunidad numerosa de cubanos por lo que si la ley se aplicara, muchos de los que están en situación migratoria irregular podrían sentir temor de interactuar con las autoridades, incluso en situaciones cotidianas o de emergencia.
Esto podría generar un ambiente de miedo y desconfianza, dificultando que busquen ayuda cuando la necesiten, debido al riesgo de permanencia en el país norteño.
Como la ley no distingue si la persona ya regularizó su estatus legal migratorio o no, esto podría afectarlos poniendo en riesgo su estabilidad familiar y laboral, y en algunos casos, incluso provocando deportaciones.
Igualmente, la ley también puede fomentar la discriminación racial y el trato desigual, afectando la cohesión social en las comunidades cubanas y otras comunidades inmigrantes.
Al propio tiempo pudiera tener un efecto en la economía local ya que muchas familias cubanas dependen de trabajos en Florida, especialmente en sectores agrícolas, de construcción y los servicios.
Sin dudas la aplicación de la ley SB 4-C podría generar miedo, inseguridad, división y dificultades económicas para los inmigrantes en general y la comunidad cubana en Florida.
Resta esperar para conocer la decisión final de su puesta en vigor o no, por lo pronto fue detenida y muchas voces están luchando para que este tipo de leyes no se apliquen y para proteger así los derechos de todos los inmigrantes.
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