El reiterado reclamo a las autoridades cubanas de no compartir datos oficiales sobre los feminicidios que ocurren en el país podría tener pronta respuesta con una iniciativa que se dio a conocer recientemente.
Un Registro Administrativo Interoperable con actualización en tiempo real sobre muertes violentas de mujeres y niñas por motivo de género será habilitado por la Fiscalía General de la República de Cuba.
Esta herramienta podría venir a reforzar la estrategia nacional de comunicación en torno a la violencia de género porque constituye “una de las principales insatisfacciones” en torno al tema, consideró Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas.
La dirigente femenina dijo que hoy esta es una información que reclama tanto el público en general como los responsables de diferentes programas relacionados con esta problemática social.
En la sesión del evento se analizó las acciones que se realizan en el país para enfrentar la violencia de género y cómo se cumplen los protocolos de actuación previstos, la FMC informó que entre estos últimos se encuentra el que esa organización implementa.
Según Amarelle Boué su objetivo es mejorar la comunicación de los casos de feminicidio.
Asimismo, resaltó la creación del Observatorio de Cuba sobre la Igualdad de Género y explicó que ya funciona con un manual de usuarios actualizado que facilita la navegación de los usuarios por la plataforma web a la que puede acceder tocando este enlace.
Datos estadísticos develados en la reunión arrojan que en más de 9 mil 500 núcleos familiares, en el que habitan más de 16 mil mujeres y niñas, se han reportado situaciones de violencia.
Las cifras por sexo, edad, ocupación y nivel de escolaridad recogen que el 60 por ciento de las representantes del sexo femenino violentadas son negras y mulatas menores de 35 años con noveno grado como promedio, que no trabajan o son amas de casa.
Estas estadísticas, se dijo, se concilian y actualizan con especialistas de la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular y los Ministerios de Justicia y del Interior.
En representación de uno de los organismos implicados, la Fiscal General de la República Yamila Peña Ojeda aseguró que el tema adquiere particular relieve desde el 2020 cuando comenzó a verse como un problema social que afecta no solo a las mujeres.
La Fiscal General develó los datos oficiales sobre muertes violentas de mujeres en Cuba que se han venido pidiendo con insistencia por la opinión pública en los últimos años.
Al finalizar octubre de 2023 se habían registrado 117 casos de este tipo en el país, la mayor parte de ellos en las provincias La Habana, Matanzas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Como consecuencia de estos actos, la tres cuartas partes de los cuales sucedieron en las casas que las víctimas compartían con sus parejas o ex parejas, 70 niños y adolescentes son huérfanos de madre en la actualidad.
La cifra real de mujeres y niñas asesinadas es aun superior a la divulgada por la revista Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de la plataforma feminista para el apoyo y acompañamiento a víctimas de violencia de género Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC).
Ambos proyectos no gubernamentales, que siguen de conjunto el comportamiento de este indicador a partir de la información suministrada por colaboradores y el monitoreo de lo publicado en redes sociales, habían contabilizado desde enero hasta octubre de este año 81 feminicidios en Cuba.
Varias organizaciones y activistas de la sociedad civil cubana se han pronunciado con fuerza para que el gobierno de la nación caribeña ofrezca informes sistemáticos y transparentes al respecto.
Entre las iniciativas emprendidas este año por grupos como OGAT, YSTCC, la Red Femenina de Cuba y el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género están la carta presentada ante el Ministerio de Igualdad de España y la solicitud de una Ley Integral contra la Violencia de Género entregada a inicios de diciembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Al parecer las autoridades de la Isla finalmente han comprendido que dar a conocer los registros de violencia de género permitirá sopesar mejor la magnitud del fenómeno en el país y dar una atención más integral al asunto, además de contar con información oficial y confiable a la hora de hacer cualquier análisis, investigación o proyecto de intervención comunitaria.
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