La migración irregular de cubanos hacia los Estados Unidos desata controversiales criterios que van desde culpar al gobierno hasta advertir a los contribuyentes estadounidenses sobre el estado de sus impuestos estatales.
Habría que comenzar cronológicamente exponiendo algunos datos que lo ilustren.
En el 2020 marcó un aumento masivo de detenciones en la frontera suroeste estadounidense a migrantes irregulares provenientes de varios países de la región, entre ellos Haití, Nicaragua, Venezuela y por supuesto Cuba.
Solamente en ese año los agentes fronterizos detuvieron cerca de 17 531 no ciudadanos, de ellos 9822 eran cubanos. Y si en ese año el número fue considerable, 2022 incrementó de diez veces la cifra total antecesora.
Responsabilidad del gobierno, dicen algunos que culpan a Biden por ignorar los límites anuales de inmigración del Congreso y por incorporar anualmente a varios cientos de miles de personas de las nacionalidades señaladas al programa de libertad condicional.
Hasta 360 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos acceden al CHNV, como también se le conoce por las letras iniciales de los países beneficiados.
Los expertos estiman que, al permitir esta migración masiva irregular la administración Biden, violó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), solo contenida hasta el fin del Título 42
En el mes de octubre de 2022 la propia administración estableció el programa de libertad condicional humanitaria para los venezolanos y luego la amplió para cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero de 2023.
Bajo este programa hasta 30 mil nacionales inadmisibles provenientes de esas regiones pueden ingresar cada mes a territorio estadounidense acogiéndose a dos años de libertad condicional.
Otra medida, afirman los expertos, que señala la irresponsabilidad del gobierno, al fomentar la migración irregular con disposiciones como estas.
Al cierre de octubre de 2023 se informó la cifra de 57.243 cubanos que se acogieron al programa para ingresar a los Estados Unidos y se estima que otros 154 mil podrían acceder aún a este beneficio.
Y aunque personas de otros países no son elegibles para solicitar Medicaid, SNAP y TANF, los cubanos en esta situación sí pueden aplicar a las dádivas en cuanto se les otorgue la libertad condicional, aplicando la mayoría a trabajos que les conceden mejor calidad de vida que en la isla.
El asunto añade otro punto importante, advierten los especialistas, pues son los contribuyentes estadounidenses los que financian todo el aparato.
Cuando las cifras de migrantes irregulares crecen, los gastos aumentan para poder financiar el programa y por ende otros programan nacionales se ven desprotegidos ante el “desvío” de presupuesto hacia extranjeros.
Un tema polémico y actual, que beneficia a los cubanos que salen en busca de una vida mejor y que pasa por una travesía peligrosa, un trampolín desde Nicaragua hasta los Estados Unidos.
¿Beneficio para los cubanos arriesgados? Podría decirse que sí.
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