Así sería el nuevo carné para vendedores ambulantes en Cuba

Cuba evalúa formalizar a los vendedores ambulantes con un carné específico y un régimen simplificado de impuestos, una medida que podría ordenar una actividad clave en muchas comunidades.

Cuba evalúa una transformación que podría cambiar la manera en que miles de personas realizan actividades de venta en calles, barrios y comunidades del país. La propuesta plantea formalizar a los vendedores ambulantes, habilitar un carné específico para esta actividad y aplicar un régimen simplificado de impuestos.

La medida aparece dentro del bloque de transformaciones vinculadas al comercio, la gastronomía y los servicios, un sector donde durante años han convivido negocios estatales, trabajadores por cuenta propia, pequeñas formas privadas de gestión y una amplia cantidad de vendedores informales.

De aplicarse, el cambio no solo buscaría ordenar una actividad que ya existe en la práctica cotidiana, sino también ofrecer una vía legal para quienes dependen de estas ventas como fuente de ingresos. Al mismo tiempo, permitiría al Estado identificar mejor a estos vendedores, establecer reglas mínimas de funcionamiento y captar ingresos tributarios mediante un esquema menos complejo que el aplicado a actividades económicas de mayor escala.

La propuesta resulta especialmente relevante en el contexto actual de Cuba, donde muchas familias han encontrado en la venta ambulante una alternativa para sostenerse, mientras los consumidores recurren con frecuencia a este tipo de comercio para acceder a productos que no siempre aparecen en los canales tradicionales.

¿Qué propone exactamente la medida sobre vendedores ambulantes?

La transformación plantea formalizar, dentro de las comunidades, a vendedores en diversas modalidades. Esto significa que no se trataría únicamente de reconocer una forma específica de venta, sino de abrir espacio legal para diferentes maneras de comercializar productos o prestar pequeños servicios de forma móvil o comunitaria.

El punto más llamativo es la creación de un carné de “vendedor ambulante”. Este documento funcionaría como una identificación oficial para quienes sean autorizados a ejercer la actividad. En la práctica, podría servir para distinguir a los vendedores registrados de quienes operen fuera del marco legal, además de facilitar los procesos de control, inspección y tributación.

La medida también propone aplicar un régimen simplificado de impuestos. Esto es importante porque muchos vendedores ambulantes no tienen la estructura, los ingresos ni la capacidad administrativa de un negocio formal de mayor tamaño. Un sistema simplificado permitiría establecer obligaciones tributarias más fáciles de cumplir, posiblemente con pagos más directos, menos trámites y una carga burocrática menor.

En esencia, la propuesta busca pasar de una realidad marcada por la informalidad a un esquema más regulado, donde el vendedor pueda trabajar con autorización, el consumidor tenga mayor seguridad y el Estado pueda ordenar una actividad económica que ya forma parte de la vida diaria en muchas comunidades cubanas.

¿Quiénes podrían convertirse en vendedores ambulantes legales?

Aunque la propuesta no detalla todavía qué actividades estarán autorizadas ni cuáles serán los requisitos para obtener el futuro carné, todo apunta a que la medida buscaría incorporar al marco legal a personas que ya desarrollan este tipo de comercio de forma cotidiana en barrios, calles y comunidades.

En Cuba es habitual encontrar vendedores que ofrecen frutas, vegetales, maní, dulces, café, pan, flores, alimentos elaborados, bebidas, artículos para el hogar o pequeños productos de uso diario. También existen personas que recorren las comunidades comercializando mercancías adquiridas a productores, pequeños negocios o distribuidores.

La formalización permitiría que una parte de estas actividades deje de operar en un terreno de incertidumbre legal para pasar a un sistema regulado, siempre que cumplan las condiciones que establezcan las futuras normas.

También es posible que determinadas actividades queden excluidas o requieran autorizaciones adicionales, especialmente aquellas relacionadas con alimentos preparados, productos sujetos a controles sanitarios o mercancías reguladas por otras disposiciones.

Uno de los aspectos que deberá definirse es si el carné estará dirigido únicamente a personas naturales o si determinadas formas de gestión no estatal podrán contratar vendedores ambulantes para distribuir sus productos en las comunidades. Ese será uno de los elementos que probablemente precise la regulación complementaria.

Otro aspecto importante será determinar dónde podrán ejercer la actividad. Es previsible que existan normas sobre las zonas autorizadas, horarios, condiciones higiénico-sanitarias, protección del espacio público y convivencia con otros establecimientos comerciales.

Si finalmente la medida se implementa, miles de personas que actualmente venden de forma informal podrían tener la posibilidad de incorporarse a un esquema legal, con reglas claras tanto para ejercer la actividad como para cumplir sus obligaciones tributarias y administrativas.

¿Qué sería el nuevo carné de vendedor ambulante?

Uno de los elementos más novedosos de la propuesta es la creación de un carné de “vendedor ambulante”. Aunque todavía no se han publicado las normas que definirán sus características, este documento podría convertirse en la principal herramienta para identificar y regular a quienes ejerzan esta actividad de forma legal.

En la actualidad, muchos vendedores trabajan sin una identificación específica para este tipo de comercio, lo que genera incertidumbre tanto para ellos como para los consumidores y las autoridades encargadas del control de la actividad. La creación de un carné permitiría establecer con mayor claridad quiénes están autorizados para vender y bajo qué condiciones.

Es previsible que este documento contenga información básica del titular, la actividad autorizada y otros datos necesarios para facilitar las labores de inspección y fiscalización. También podría servir para acreditar que el vendedor cumple con los requisitos establecidos por las autoridades competentes y que se encuentra registrado dentro del régimen tributario correspondiente.

La existencia de un carné oficial también ofrecería mayor seguridad a los consumidores. Al poder identificar a vendedores registrados, sería más sencillo conocer que desarrollan su actividad dentro del marco legal y que están sujetos a determinadas obligaciones administrativas.

Desde la perspectiva del Estado, este sistema facilitaría la organización del comercio ambulante, permitiría disponer de un registro actualizado de quienes ejercen la actividad y contribuiría a mejorar el control sobre aspectos como el cumplimiento de las normas sanitarias, la ocupación de espacios públicos y las obligaciones fiscales.

No obstante, todavía quedan numerosos aspectos por definir. Entre ellos, el procedimiento para solicitar el carné, los requisitos que deberán cumplir los interesados, la autoridad encargada de emitirlo, su período de vigencia, las causas de suspensión o cancelación y si tendrá validez únicamente en un municipio o podrá utilizarse en otras localidades del país.

Si estas cuestiones quedan claramente reguladas, el nuevo carné podría convertirse en la pieza central del proceso de formalización del comercio ambulante que plantea esta transformación económica.

¿Cómo funcionaría el régimen simplificado de impuestos?

Otro de los pilares de la propuesta es la aplicación de un régimen simplificado de impuestos para los vendedores ambulantes. La intención parece ser crear un sistema tributario adaptado a la realidad de quienes realizan actividades económicas de pequeña escala y cuyos ingresos suelen ser variables.

A diferencia de otros negocios con una estructura más compleja, el comercio ambulante suele desarrollarse con pocos recursos, una inversión limitada y operaciones diarias de bajo volumen. Por ello, un régimen simplificado busca reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En términos generales, este tipo de sistema suele caracterizarse por procedimientos más sencillos para registrarse, declarar la actividad y realizar los pagos correspondientes. El objetivo es que los pequeños vendedores puedan cumplir con sus responsabilidades tributarias sin enfrentar procesos excesivamente complejos o costosos.

La formalización también permitiría incorporar a estos trabajadores al registro oficial de contribuyentes, generando mayor transparencia sobre la actividad económica que realizan y facilitando el control de los ingresos derivados del comercio ambulante.

Desde la perspectiva del Estado, este modelo contribuiría a ampliar la base tributaria. En lugar de mantener una parte importante de estas actividades fuera del sistema fiscal, la propuesta busca integrarlas mediante un esquema que resulte viable para quienes desarrollan pequeños negocios en las comunidades.

Para los propios vendedores, cumplir con un régimen tributario simplificado también podría representar ventajas. Trabajar dentro de la legalidad suele ofrecer mayor estabilidad, reducir el riesgo de sanciones por ejercer una actividad no autorizada y facilitar, en el futuro, el acceso a otros beneficios que puedan establecerse para los trabajadores formalizados.

No obstante, aún quedan aspectos fundamentales por definir. Entre ellos, cuánto se pagaría en impuestos, cómo se calcularían las obligaciones tributarias, con qué periodicidad deberían realizarse los pagos y qué ingresos o actividades quedarían comprendidos dentro de este régimen especial. Todos estos detalles dependerán de las normas que desarrollen la propuesta si finalmente entra en vigor.

La propuesta se conecta con otros debates recientes sobre el control tributario en Cuba, incluyendo los cambios relacionados con los impuestos sobre ventas y servicios, las advertencias de la ONAT a trabajadores privados por la presentación de la declaración jurada y la aplicación de una nueva escala progresiva de impuestos en Cuba.