Dentro de las promesas de su campaña presidencial, el recién electo Presidente de Estados Unidos, adelantó que si llegaba a la Casa Blanca haría la deportación de inmigrantes más grande de la historia de ese país.
Programas de beneficio como el Parole humanitario o el CVP One quedarían sin valor alguno para todos aquellos que ya habían llegado al país beneficiados por esas medidas o quienes esperan una cita para entrar por algún punto fronterizo.
El actual Presidente del país Joe Biden, antes de terminar su mandato presidencial y quizás como represalia a los muchos latinos que votaron por el magnate republicano, eliminó beneficios del Parole humanitario para los inmigrantes de los países beneficiados.
El demócrata no prorrogará ese programa y quienes ya han sido beneficiados deberán buscar otra vía para legalizar su status migratorio en la nación, pues el Parole inicialmente da un término de permanencia en el país de dos años.
Ese plazo se venció en octubre de este año para los venezolanos y en enero caducará para haitianos, nicaragüenses y cubanos.
En el mes de enero de 2025 Donald Trump asumirá el mandato del país y prometió que declararía el estado de emergencia y usaría la guardia nacional y el ejército federal para deportar a todos los inmigrantes que estén ilegales en Estados Unidos.
Cumplir este plan de “limpiar” el país es uno de los primeros pasos que dará el multimillonario al llegar nuevamente a la presidencia. En uno de sus mítines de campaña llamó criminales a los inmigrantes ilegales y prometió enviarlos a la cárcel y luego a sus países de origen lo antes posible.
Para buscar mayor apoyo en sus pretensiones, ya ha ido nombrando en cargos claves del gabinete a funcionarios reacios a la presencia de latinos y otros extranjeros inmigrantes.
El magnate dijo que si era necesario colocarían refuerzos de otros países en la frontera de Estados Unidos y México, principal punto de entrada de quienes ansían llegar al país de las “oportunidades” y cumplir el “sueño americano”.
Algunos expertos en asuntos legales afirman que el presidente recién electo no puede hacer esas deportaciones masivas, pues hay más de 11 millones de personas en el país sin estatus legal en estos momentos. El costo sería de miles de millones de dólares al año y una disminución abrupta de la fuerza de trabajo.
Trump anunció que usaría todos los recursos necesarios para cumplir su promesa de campaña. Algunas de sus acciones podrían ser sellar la frontera con su vecino México, contratar más de 10 mil agentes y reiniciar la construcción del muro en la frontera entre ambas naciones.
Retomar la ley de enemigos extranjeros del año 1798 podría ser otra de las alternativas del magnate republicano para imponer su voluntad. Sería posible además prohibir ciudades santuario, que son aquellas que protegen a los inmigrantes que no sean deportados.
Pero ahí no quedarían sus planes, Trump intentaría renovar el programa Quédate en México, terminaría con la posibilidad de solicitar visa desde una aplicación móvil y pondría punto final al amparo migratorio que da permisos de trabajo y residencia.
El 20 de enero podría ser el inicio de una gran ola de deportaciones de inmigrantes que hoy permanecen en los Estados Unidos. Los cubanos aún no están claros de cual será su suerte, pues al año de estar en el país pueden aplicar para la residencia permanente en la nación.
Los que entraron al país con I220 A tampoco saben que suerte correrán hasta que el recién electo presidente vuelva a hacer su entrada triunfal en la Casa Blanca.
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