La noticia sobre la suspensión del proceso de parole humanitario para residentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, ha generado gran desasosiego. Las inquietudes de la población han dado lugar a la especulación sobre una interrupción definitiva del proceso.
En tanto, los que estaban aguardando respuesta a sus casos como los que ya habían sido aprobados y obtuvieron su permiso de viaje se preguntan ¿Qué sucederá con los casos pendientes?
Los abogados de inmigración Ángel Leal y Willy Allen han manifestado algunos elementos de interés al respecto y declaran cuál es el estado actual, noticia que no es muy alentadora para los ciudadanos implicados.
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¿Qué sucede con las personas que ya habían sido aprobadas para el permiso de viaje?
El estado de las personas que habían sido admitidas para el parole humanitario se pausó debido a la detección de fraudes con direcciones, números de teléfono y de Seguro Social generados por patrocinadores en línea, a partir del uso desmedido de información de personas fallecidas, sumado a otras irregularidades que resultaron en la suspensión “temporal”.
Lo cierto es que, una vez anunciada esta medida de prevención de fraude, ni siquiera las personas que ya tenían su boleto de avión en mano quedaron exentos, puesto que se les impidió el abordaje al avión en el aeropuerto, lo que desató una estela de denuncia en redes sociales bajo el alegato de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no lo advirtió.
Al respecto, el DHS afirma que solamente podrán viajar “las personas físicas con Autorización Anticipada de Viaje (ATA) válida” antes del decreto de interrupción, ya que se están actualizando los estados en denegación.
¿Qué tan incierto es el futuro estado del programa de parole humanitario?
Teniendo en cuenta la gravedad de lo acontecido, los abogados de inmigración no avizoran buenas noticias, puesto que se trata de una violación a las autoridades migratorias y esto conlleva consecuencias.
Ángel Leal explica al respecto: “Quienes firman cualquier solicitud de trámite migratorio lo hacen bajo penalidades de perjurio sobre la fiabilidad de la información personal que se brinda al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Aquí hay posibles delitos federales, de fraude inmigratorio, de presentación de documentación falsa, y tiene consecuencias legales para aquellos patrocinadores que se hayan involucrado en este tipo de fraude, para los casos demostrables”.
Incluso alega el abogado que los patrocinadores que no posean aún la ciudadanía americana y hayan estado vinculados al presunto fraude, pueden enfrentar un proceso de deportación.
Por otra parte, el abogado Willy Allen opina que el programa migratorio no arroja luces para reanudación, y afirma: “En las solicitudes revisadas se detectó el fraude, por lo que creo que el programa no pueda salvarse fácilmente porque se desprende de que el fraude era un esquema bien habilitado”.
Aunque se entregan 30 mil visas al mes, se recepcionó un volumen exorbitante de peticiones, y aún existen más de dos millones de aplicaciones sin revisar.
A todos estos efectos, se suma que durante el mes de marzo el juez federal Drew Tipton dio respuesta a una demanda múltiple por 21 estados que acusan que el DHS viola la ley federal de inmigración, bajo los siguientes argumentos:
“Los estados demandantes enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados”.
Aunque el juez falló a favor de mantener el funcionamiento del programa humanitario, esto puede ser motivo contundente para complementar razones de un cierre definitivo y determinante.
Pero los argumentos que respaldan el cese no solo terminan aquí, sino que se añade la presión a la que se sometió a Biden para imponer normas de control de migración por la entrada sostenida de extranjeros al país norteamericano, y en medio de la actual campaña presidencial esto figura como elemento sustancial de peso.
De modo que “una nueva administración que no esté de acuerdo con el programa, simple y llanamente lo puede suspender o eliminar; y los que están en proceso no creo que puedan entrar si una nueva administración elimina el programa”, explica Leal.
Aunque los pronósticos de una posible continuación del programa no son para nada favorables o esperanzadores, por el momento el DHS o CBP no han emitido información esclarecedora sobre los próximos pasos de implementación.
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