Una creciente turbulencia mediática plantea que los derechos de inmigrantes están siendo vulnerados por las autoridades gubernamentales estadounidenses, y la incertidumbre de lo que puede acontecer coloca en una cuerda floja a todos los involucrados.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos incrementa la existencia de millones de perfiles de ADN a la base federal de datos, a partir de la toma de esta información genética de casi todos los migrantes, hecho que genera inquietud a los procesados y sus defensores, puesto que no se ofrecen detalles aclaratorios sobre el motivo o el previo consentimiento de la persona procesada.
Esta recolección de muestras de ADN se envía al FBI con el propósito de ser examinadas e insertadas de manera permanente en el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS), según refieren los detalles publicados en el reporte “Asalto al genoma: cómo el Gobierno abusa de sus poderes inmigratorios con el fin de acumular ADN para políticas futuras”.
En base a este procedimiento, la información genética de cada migrante procesado queda disponible tanto para agencias policiales locales como para entidades federales y estatales, de forma indefinida y en uso desconocido.
Por su parte, el director del FBI -Christoper Wray- puntualizó en una subcomisión del senado en Washington, que el sistema CODIS es fundamental para investigaciones de orden necesario ya que permite comparar más de 20 millones de perfiles de ADN en unos 200 laboratorios extendidos por todo el país.
A través de dicho sistema se llevan hasta el momento más de 600 mil investigaciones durante los 20 años de existencia de la entidad; y al respecto se han recopilado muestras iniciales de alrededor de 25 mil personas no ciudadanas.
Pero estas cifras se han incrementado notablemente a partir de 2020, ya que se comenzaron a solicitar perfiles de casi todos los migrantes detenidos en cruces fronterizos. Este procedimiento se lleva a cabo bajo la autorización del gobierno federal, y se basa en registros públicos y entrevistas.
La abogada de inmigración Elizabeth Uribe, refiere que la situación deriva como un “hecho alarmante” puesto que están mezclando los datos de personas que solicitan un beneficio de forma legal con la información de otros ciudadanos norteamericanos que poseen un historial de antecedentes penales.
Aparejado a ello, no realizan una explicación del motivo de la toma de muestra y tampoco solicitan un previo consentimiento, sin embargo, la legislación de base señala que las tomas se deben realizar por agentes de inmigración tras una breve aclaratoria del proceso al que serán sometidos.
Acorde a ello, el Centro de Privacidad y Tecnología de la escuela de Derecho de Georgetown puntualiza sobre la inquietud que ha generado este proceder en los involucrados, poniendo en tela de juicio el incumplimiento de la cuarta enmienda de la constitución estadounidense.
Por tanto, esto evidencia que existe una contravención de las políticas internas del Departamento de Seguridad Nacional, ya que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no cumplen con las normativas jurídicas y violan los derechos de inmigrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional alega que la protección de la privacidad de la población más vulnerable es uno de los objetivos primordiales, en tanto, se le acusa al gobierno de “abusar de los poderes en el ámbito migratorio”, ya que la recolección de ADN obedece a un ritmo que no posibilita utilizarlo únicamente por las autoridades policiales.
La exigencia de detener inmediatamente esta muestra de ADN y eliminar todos los perfiles obtenidos, es la máxima en reclamo al gobierno federal, a la vez que se sugiere revocar la Ley de recolección de ADN por el Congreso de EE.UU.
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