Hace tan solo una semana, el 20 de agosto, quedaba aprobado el programa Parole in Place, propuesto por la administración del presidente demócrata Joe Biden desde el pasado mes de junio.
A través de este, aquellos inmigrantes en situación irregular que hubiesen vivido por 10 años o más en los Estados Unidos, y fuesen cónyuges de ciudadanos americanos, podrían naturalizarse en el país.
Hasta el momento, las personas en circunstancias similares debían regresar a su país para esperar a que se concertara el proceso y muchas veces nunca podían regresar al país.
Los requisitos para aplicar al programa Parole in Place son haber vivido por 10 años o más en Estados Unidos, no representar una amenaza para la seguridad del país ni poseer antecedentes penales, estar casado con su cónyuge antes de 17 de junio, fecha en que se anunció el programa, pagar 580 dólares por la solicitud, llenar un detallado formulario y brindar documentación que pruebe que realmente ha vivido allí 10 años.
De ser aprobados, tienen 3 años para solicitar la Green Card o tarjeta de residencia permanente, y permanecer en Estados Unidos en lo que le es otorgada la ciudadanía.
Pero a solo una semana de aprobado el juez federal del distrito. J. Campell Barker, perteneciente a Texas, anunció una suspensión temporal del programa que podría durar hasta 2 semanas mientras se escuchan los alegatos de los 16 estados que desean impugnar la medida.
Estos 16 estados poseen fiscales republicanos y argumentan que la medida puede promover y motivar la inmigración ilegal, y se encuentran encabezados por el fiscal de Texas, Ken Paxton.
Por su parte, el estado de Texas expone que durante años ha tenido que pagar decenas de millones de dólares para sostener los derechos básicos de inmigrantes ilegales.
Como respuesta, un grupo de familias desea intervenir un tribunal federal para defender el programa. Se estima que unas 500 mil familias fueran beneficiadas, y al menos 50 mil hijos de ciudadanos americanos dentro de matrimonios con inmigrantes ilegales.
La coalición de estados valora que esta medida atenta contra el Congreso, al pasarlo por alto con esta medida, que tiene evidentes objetivos políticos.
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