El Gobierno de La Habana ha anunciado recientemente sobre la atención a las quejas y denuncias de la población, un aspecto que genera expectativas y, al mismo tiempo, cuestionamientos en la ciudadanía.
Aunque las autoridades resaltan la implementación de plataformas digitales y la publicación de la Ley de Atención a las Quejas y Peticiones, como pasos hacia una gestión más eficaz, los retos en la práctica siguen siendo evidentes.
¿En qué consiste esta ley? ¿Cómo se resolvieron las quejas según el Gobierno de La Habana? Lee este artículo hasta el final, para que conozcas todo al respecto.
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La nueva normativa establece mecanismos que, en teoría, deberían garantizar mayor transparencia y celeridad en las respuestas a los planteamientos ciudadanos. Sin embargo, algunos sectores de la población han expresado dudas sobre la efectividad real de estas medidas, señalando que muchas denuncias históricas, relacionadas con servicios esenciales como el transporte, el suministro de alimentos y la vivienda, han quedado sin solución concreta.
La ley se encarga de que sea cumplido el derecho de los ciudadanos a presentar quejas y peticiones ante las autoridades y a recibir respuestas oportunas.
A ello, deberán responder órganos, organismos y entidades estatales, así como funcionarios, empleados del Estado, personas naturales o personas jurídicas que presten servicios públicos.
Es decir que, además del gobierno y entidades estatales, las entidades privadas que ofrezcan servicios públicos deben responder a las quejas y peticiones que les sean impuestos.
Los informes recientes del Gobierno de La Habana han expuesto las principales preocupaciones de los capitalinos, pero aún es latente la percepción de que el ritmo de las soluciones no está a la altura de la urgencia de los problemas denunciados.
Las quejas recurrentes sobre la calidad y frecuencia del transporte público, el desabastecimiento de productos básicos y el deterioro de la infraestructura habitacional, ilustran las complejidades que enfrenta la administración.
Según lo declarado por autoridades del gobierno provincial de La Habana, durante el mes de marzo llegaron a las oficinas de la sede gubernamental inquietudes de la población que constituían denuncias y que fueron investigadas.
En total se recibieron 7 denuncias, que, luego de investigadas, 3 resultaron con razón, 2 sin razón, y otras dos fueron desestimadas por falta de información.
De las que fueron reconocidas se encuentran:
Como respuesta a esta queja, el grupo de enfrentamiento provincial realizó una inspección donde se detectaron como incidencias que se comercializaban algunos productos sin su precio expuesto, además de que los panes no cumplían con el gramaje requerido para su venta. En respuesta a ello, se impusieron un total de 5 multas.
Aunque las plataformas digitales pueden mejorar la accesibilidad para emitir quejas, existe el riesgo de que se conviertan en una vía burocrática más, sin un impacto tangible en la solución de los problemas.
La ciudadanía ha señalado que, en varios casos, las respuestas oficiales suelen ser genéricas o demoradas, lo que debilita la confianza en estos mecanismos.
La atención a las denuncias de la población no es solo una cuestión de normativa o tecnología, sino de voluntad política y capacidad administrativa para transformar los planteamientos en acciones concretas.
Más allá de las declaraciones oficiales, será crucial que el gobierno demuestre con hechos su capacidad de atender las necesidades de los habaneros, especialmente en áreas críticas que afectan directamente la calidad de vida en la capital.
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