Ante la ligera expansión de la economía que se experimenta en Cuba, especialmente hacia el sector privado, el gobierno a través de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) no ceja en su empeño de recaudar impuestos según los ingresos de personas naturales y jurídicas.
A pesar de todas las campañas en los medios de comunicación para promover el pago transparente e íntegro de impuestos, miles de personas subdeclaran sobre sus ingresos, incurriendo en delitos de evasión fiscal, estipulados en el Código Penal cubano, en el cual, según el artículo 319.1 se “sanciona con privación de libertad de uno a tres años o multa de 300 a mil cuotas, o ambas, a quien evada la obligación del pago de un impuesto, tasa o contribución tributaria, o se niegue a satisfacerlas de manera total o parcial”.
Para que pueda reconocerse como evasión, según explicaron autoridades de la ONAT a medios oficiales cubanos, debe existir intención de no declarar o subdeclarar, o cometer fraudes en los registros de ingresos, por parte de los contribuyentes.
A finales del mes de mayo, en Cuba, se habían recibido 210 denuncias sobre evasión fiscal, de las cuales fueron atendidas 117 y otras 63 quedan pendientes. De estas, solo seis casos han recibido sentencias firmas: dos en la provincia de Ciego de Ávila, dos en Camagüey, uno en Santiago de Cuba y otro en Holguín.
Según datos de la ONAT, las consecuencias de la evasión fiscal hasta el mes de junio han desembocado en la pérdida para el estado de 162 millones de pesos.
Hasta el momento, se han aplicado medidas en 15 Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) y han sido sancionados 323 cuentapropistas. En total se han embargado 2 mil 253 cuentas bancarias.
El total de deudas, no solo por los delitos de evasión, sino por impagos y demoras en la contribución, asciende de acuerdo a la ONATa los 800 millones de pesos, hasta el mes de mayo. Hasta este mismo mes, existen 8764 personas que no pueden salir del país, por tener deudas pendientes con el presupuesto del estado.
En 2023, solo en la provincia de La Habana, dejaron de pagarse intencionalmente 262 millones de pesos en concepto de impuestos.
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