¿Podrán los Cubanos Comprar Acciones de Empresas Estatales? Esto es lo que se Sabe Hasta Ahora

Cuba abre la puerta a que determinadas empresas estatales puedan convertirse en sociedades por acciones, pero aún faltan normas clave para saber quiénes podrán invertir, qué empresas participarán y bajo qué condiciones.

La posibilidad de que algunas empresas estatales cubanas puedan vender acciones marca uno de los cambios más llamativos dentro del nuevo paquete de transformaciones económicas anunciado en Cuba.

Por primera vez, se abre la puerta a que determinadas entidades estatales se conviertan en sociedades mercantiles por acciones, lo que permitiría incorporar capital de otros actores económicos sin que necesariamente el Estado pierda el control de esas empresas.

La medida ha generado muchas preguntas entre los cubanos dentro y fuera de la isla. ¿Qué empresas podrían ser las primeras? ¿Podrían participar ciudadanos comunes? ¿Se venderían acciones de grandes compañías como ETECSA, CUPET o la Unión Eléctrica? ¿Sería esto una privatización o solo una nueva forma de gestión?

Hasta el momento no existe una lista oficial de empresas estatales que vayan a vender acciones. Sin embargo, a partir del diseño de la reforma, de los sectores considerados estratégicos y de los criterios económicos que se han debatido públicamente, es posible identificar qué tipos de empresas tendrían más posibilidades de entrar primero en este nuevo esquema.

La clave está en entender que no todas las empresas estatales tienen el mismo peso para el país. Algunas están vinculadas a la seguridad nacional, la energía, las telecomunicaciones, el transporte o los recursos estratégicos. Otras, en cambio, operan en áreas productivas, comerciales o de servicios donde el Estado podría permitir una mayor participación de capital no estatal.

¿Qué significa que una empresa estatal pueda vender acciones?

Vender acciones no significa necesariamente vender toda una empresa. En términos simples, una acción representa una parte de la propiedad de una sociedad mercantil. Quien compra una acción adquiere una participación económica y, según las reglas que se establezcan, podría recibir dividendos, tener ciertos derechos de información o incluso participar en determinadas decisiones internas.

En el caso cubano, la medida apunta a permitir que algunas empresas estatales puedan transformarse en sociedades por acciones. Eso quiere decir que dejarían de funcionar bajo el modelo tradicional de empresa estatal y pasarían a operar con una estructura más cercana a la de una compañía mercantil, con mayor autonomía para gestionar sus recursos y atraer inversiones.

Este cambio podría darles más libertad para administrar ingresos, definir estrategias comerciales, buscar financiamiento, establecer alianzas e invertir en modernizar sus operaciones. En un contexto marcado por problemas de liquidez, baja productividad y dificultades para acceder a créditos internacionales, la posibilidad de incorporar nuevos inversionistas podría convertirse en una herramienta para impulsar el crecimiento de determinadas empresas.

Sin embargo, el aspecto más importante es que vender acciones no implica necesariamente que el Estado deje de ser el propietario principal. De acuerdo con el modelo planteado, el Gobierno podría conservar una participación mayoritaria o acciones con derechos especiales que le permitan mantener el control sobre las decisiones estratégicas de la empresa.

En otras palabras, la reforma no plantea una privatización generalizada de las empresas estatales, sino la posibilidad de abrir parcialmente su capital para incorporar recursos financieros, mejorar la gestión empresarial y aumentar la eficiencia en determinados sectores.

Aun así, quedan muchas preguntas por responder. Todavía será necesario aprobar las normas que definirán cómo se valorarán las empresas, quiénes podrán comprar acciones, qué porcentaje podrá venderse, cuáles serán los derechos de los accionistas y cómo funcionará el mercado donde esas acciones podrían negociarse. Estos aspectos serán determinantes para conocer el verdadero alcance de una de las reformas económicas más novedosas anunciadas en Cuba durante los últimos años.

¿Cómo decidirá Cuba qué empresas estatales podrían vender acciones?

Aunque las autoridades aún no han publicado una lista oficial, las propias características de la reforma permiten identificar algunos criterios que probablemente influirán en la selección de las primeras empresas que podrían abrir parte de su capital.

Uno de los factores más importantes será el carácter estratégico de cada entidad. No todas las empresas estatales tienen la misma importancia para la economía nacional ni cumplen las mismas funciones dentro del país. Por esa razón, es poco probable que las autoridades apliquen el mismo modelo a todas ellas desde el inicio.

Las empresas vinculadas a la generación eléctrica, los combustibles, las telecomunicaciones, los puertos, los aeropuertos o la defensa nacional suelen considerarse sectores estratégicos en prácticamente cualquier economía. En estos casos, los gobiernos suelen mantener un control mucho más estricto sobre la propiedad y la gestión.

Por el contrario, existen cientos de empresas estatales dedicadas a actividades industriales, comerciales, alimentarias, manufactureras o de servicios que podrían ofrecer mayores posibilidades para experimentar con este nuevo modelo sin afectar áreas consideradas sensibles.

Otro criterio importante será la capacidad de la empresa para generar beneficios. Una entidad con pérdidas constantes difícilmente despertará interés entre potenciales inversionistas. En cambio, aquellas que tengan ingresos estables, activos valiosos, posibilidades de crecimiento o una posición sólida en determinados mercados podrían resultar mucho más atractivas.

También será clave el nivel de necesidades de inversión. Muchas empresas estatales necesitan modernizar equipamiento, ampliar capacidades productivas, renovar infraestructuras o incorporar nuevas tecnologías. La venta parcial de acciones podría convertirse en una vía para captar los recursos necesarios sin depender exclusivamente del presupuesto estatal.

La dimensión de cada empresa también podría influir. Es posible que las primeras experiencias se desarrollen en entidades medianas o pequeñas, donde los riesgos sean más controlables y los resultados puedan evaluarse antes de extender el modelo a compañías de mayor tamaño.

Además, el Gobierno podría optar por comenzar mediante proyectos piloto. Este enfoque permitiría probar mecanismos de valoración, compra de acciones, distribución de dividendos, participación de nuevos socios y regulación empresarial antes de aplicar el sistema a un número mayor de entidades.

En la práctica, muchas de las reformas económicas anunciadas en Cuba durante los últimos años han seguido precisamente ese camino: comenzar con experiencias limitadas, identificar problemas, realizar ajustes y posteriormente ampliar su alcance.

Por eso, más que una apertura inmediata y masiva, el escenario más probable sería una implementación gradual. Algunas empresas servirían como laboratorio para evaluar el funcionamiento del nuevo esquema mientras se desarrollan las regulaciones necesarias y se corrigen posibles dificultades.

La gran incógnita sigue siendo cuáles serán esas primeras empresas. Aunque todavía no existe una respuesta oficial, varios sectores aparecen como candidatos naturales debido a sus características económicas, su necesidad de inversión y su menor nivel de sensibilidad estratégica frente a otras actividades consideradas fundamentales para el país.

Estas son las empresas estatales que podrían tener más posibilidades de vender acciones

Aunque todavía no existe una lista oficial, el contenido de la reforma y la lógica económica permiten identificar varios tipos de empresas que tendrían mayores posibilidades de convertirse en las primeras candidatas para abrir parte de su capital.

No se trata de una confirmación del Gobierno, sino de un análisis basado en el tipo de actividad que realizan, sus necesidades de inversión y el papel que desempeñan dentro de la economía cubana.

Empresas de la industria alimentaria

Uno de los sectores que podría beneficiarse más de este nuevo modelo es la industria alimentaria.

En Cuba existen numerosas empresas estatales dedicadas al procesamiento de alimentos, la producción de conservas, bebidas, lácteos, cárnicos, harinas y otros productos destinados al consumo interno.

Muchas de estas entidades necesitan inversiones para renovar maquinaria, aumentar la producción, reducir pérdidas y mejorar la calidad de sus productos. La incorporación de nuevos inversionistas podría facilitar la modernización de instalaciones que llevan años operando con equipos obsoletos.

Además, se trata de un sector donde una mayor eficiencia tendría un impacto directo sobre el abastecimiento del mercado nacional.

Empresas manufactureras

Otro grupo de posibles candidatas serían las empresas manufactureras.

Entre ellas se encuentran industrias dedicadas a la producción de muebles, calzado, textiles, envases, artículos plásticos, productos metálicos y otros bienes destinados tanto al mercado interno como a la exportación.

Muchas poseen infraestructura ya instalada, experiencia productiva y personal calificado, pero enfrentan dificultades para acceder a financiamiento, materias primas y tecnología.

La venta parcial de acciones podría convertirse en una vía para obtener capital destinado a modernizar procesos industriales y aumentar la competitividad.

Empresas de materiales de construcción

La construcción es otro sector donde existe una elevada demanda de inversiones.

Empresas dedicadas a producir cemento, bloques, prefabricados, cerámica, pinturas o carpintería industrial podrían resultar atractivas para nuevos socios interesados en ampliar la capacidad productiva.

En un país con un importante déficit habitacional y una necesidad constante de obras de infraestructura, fortalecer estas industrias podría generar beneficios tanto para la economía como para la población.

Empresas comerciales y de logística

Las empresas estatales dedicadas al comercio mayorista, la distribución de mercancías, el almacenamiento y la logística también aparecen entre las posibles candidatas.

Este tipo de entidades desempeña un papel importante en el movimiento de productos dentro del país, pero muchas necesitan inversiones en almacenes, transporte, sistemas informáticos y equipamiento moderno.

La entrada de nuevos accionistas podría facilitar procesos de modernización que permitan reducir costos y hacer más eficiente la distribución de mercancías.

Empresas de servicios

El nuevo modelo también podría extenderse a determinadas empresas de servicios que no pertenecen a sectores considerados estratégicos.

Entre ellas podrían encontrarse compañías dedicadas a servicios técnicos, mantenimiento industrial, ingeniería, consultoría, informática, diseño, transporte especializado o actividades profesionales que operan bajo el sistema empresarial estatal.

Estas empresas suelen requerir menos inversiones en infraestructura pesada y podrían adaptarse con mayor rapidez al funcionamiento como sociedades por acciones.

Empresas vinculadas al turismo

El turismo continúa siendo una de las principales fuentes potenciales de ingresos para Cuba.

Aunque es poco probable que grandes cadenas hoteleras o activos considerados estratégicos sean los primeros en abrir su capital, sí podrían existir oportunidades para empresas dedicadas a actividades complementarias.

Por ejemplo, compañías estatales relacionadas con servicios turísticos, recreación, transporte de visitantes, marinas, excursiones, gastronomía o gestión de instalaciones podrían convertirse en candidatas para atraer nuevos inversionistas.

La incorporación de capital permitiría modernizar servicios y aumentar la competitividad de un sector que necesita recuperar dinamismo.

Empresas provinciales y locales

Uno de los escenarios más probables es que las primeras experiencias no comiencen en las grandes empresas nacionales, sino en entidades de alcance provincial o municipal.

Estas empresas suelen tener estructuras más pequeñas, procesos administrativos menos complejos y un impacto más limitado sobre sectores estratégicos.

Además, servirían como un espacio adecuado para probar el funcionamiento del nuevo modelo antes de extenderlo a compañías de mayor tamaño.

Si la experiencia resulta positiva, el Gobierno podría utilizar esos casos como referencia para ampliar progresivamente el programa hacia otras empresas estatales del país.

En cualquier caso, la selección final dependerá de las normas que aprueben las autoridades y de la estrategia que se adopte para implementar esta reforma. Por ahora, todas estas posibilidades forman parte de un escenario de análisis, ya que el Ejecutivo aún no ha confirmado cuáles serán las primeras empresas que podrían vender acciones.

¿Qué empresas probablemente no venderán acciones en una primera etapa?

Si bien la reforma abre la posibilidad de que determinadas empresas estatales emitan acciones, todo apunta a que las compañías consideradas estratégicas para el funcionamiento del país quedarían al margen, al menos durante las primeras fases de implementación.

Se trata de entidades que administran servicios esenciales, recursos críticos o infraestructuras cuya operación tiene un impacto directo sobre la seguridad nacional, la estabilidad económica o el funcionamiento cotidiano del país.

Por esa razón, es poco probable que el Estado decida abrir su capital desde el inicio.

Unión Eléctrica (UNE)

La Unión Eléctrica administra uno de los servicios públicos más sensibles de Cuba: la generación, transmisión y distribución de electricidad.

En medio de la compleja situación que atraviesa el Sistema Eléctrico Nacional, resulta difícil imaginar una apertura inmediata de su capital, ya que cualquier decisión sobre este sector tiene implicaciones económicas, sociales y políticas de gran alcance.

Aunque en el futuro podrían estudiarse nuevas formas de gestión para determinadas actividades vinculadas a la energía, la empresa que controla el sistema eléctrico probablemente continúe bajo un fuerte control estatal.

CUPET

La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) es otra de las empresas que difícilmente vendería acciones en una etapa inicial.

La exploración, importación, refinación y comercialización de combustibles constituye un área estratégica para cualquier país. Además, Cuba continúa dependiendo en gran medida del suministro de petróleo para mantener funcionando la generación eléctrica, la industria y el transporte.

Por ello, cualquier modificación en la propiedad de esta empresa requeriría decisiones de enorme trascendencia.

ETECSA

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) es, probablemente, la compañía que más interés despierta entre los ciudadanos cuando se habla de vender acciones.

Su posición como operador nacional de telefonía móvil, internet y telecomunicaciones la convierte en una de las empresas con mayor potencial económico del país.

Sin embargo, precisamente por tratarse de la infraestructura nacional de telecomunicaciones, también es considerada un activo estratégico.

Hasta el momento no existe ningún anuncio que indique que ETECSA vaya a vender acciones ni que forme parte de los primeros proyectos contemplados por la reforma.

Empresas de puertos y aeropuertos

La infraestructura portuaria y aeroportuaria también suele permanecer bajo control estatal en la mayoría de los países.

Estas instalaciones no solo tienen importancia económica, sino también funciones relacionadas con el comercio exterior, el transporte internacional, la seguridad y el control fronterizo.

Aunque podrían establecerse asociaciones con inversionistas para desarrollar proyectos específicos, resulta poco probable que las empresas encargadas de administrar estos activos sean las primeras en abrir su capital.

Ferrocarriles de Cuba

El sistema ferroviario constituye otro de los sectores considerados estratégicos por su papel en el transporte nacional de pasajeros y mercancías.

En un país con largas distancias entre sus principales ciudades y con necesidades crecientes de transporte de carga, mantener el control sobre esta infraestructura seguirá siendo una prioridad para el Estado.

Por ello, una eventual venta de acciones en este sector parece poco probable en el corto plazo.

Empresas vinculadas a la defensa y la seguridad

Todas las empresas relacionadas con la industria militar, la producción destinada a la defensa, la seguridad nacional o actividades consideradas sensibles quedarían previsiblemente fuera de cualquier programa inicial de venta de acciones.

Este tipo de entidades suele mantenerse bajo control exclusivo del Estado debido a la naturaleza de sus funciones.

La diferencia entre abrir el capital y perder el control

Uno de los aspectos que más confusión ha generado alrededor de esta reforma es la idea de que vender acciones equivale automáticamente a privatizar una empresa.

En realidad, ambos conceptos son diferentes.

Una empresa puede vender una parte de sus acciones y seguir siendo controlada por el Estado si este conserva la mayoría del capital o mantiene acciones con derechos especiales que le permitan tomar las decisiones fundamentales.

Este modelo existe en numerosos países, donde los gobiernos mantienen participación en empresas consideradas estratégicas mientras permiten la entrada de inversionistas para fortalecer su capacidad financiera.

Por esa razón, incluso si en el futuro algunas grandes empresas estatales llegaran a emitir acciones, eso no significaría necesariamente que dejarían de ser empresas públicas o que el Estado renunciaría a dirigirlas.

La verdadera dimensión de este cambio dependerá de las leyes y regulaciones que se aprueben para definir cuánto capital podrá vender cada empresa, quiénes podrán adquirir esas acciones y qué facultades conservará el Estado dentro de cada sociedad.

¿Quiénes podrían comprar acciones de las empresas estatales?

Una de las mayores incógnitas de esta reforma no es solo qué empresas venderán acciones, sino también quiénes podrán convertirse en accionistas.

Por ahora, las autoridades no han publicado las normas que regularán este proceso. Sin embargo, el nuevo modelo abre la posibilidad de que participen diferentes actores económicos, siempre bajo las condiciones que establezca la legislación.

La definición de quiénes podrán invertir será determinante para conocer el verdadero alcance de esta transformación y el impacto que tendrá sobre la economía cubana.

Ciudadanos cubanos residentes en la isla

Uno de los escenarios más comentados es que los propios ciudadanos cubanos puedan adquirir acciones de determinadas empresas estatales.

Si finalmente se autoriza esta posibilidad, muchas personas podrían convertirse por primera vez en accionistas de una empresa pública, algo que no tiene precedentes en la economía cubana reciente.

No obstante, todavía queda por definir si existirá una inversión mínima, un límite máximo de acciones por persona o algún sistema de prioridad para determinados compradores.

Trabajadores de las propias empresas

Otra posibilidad es que los trabajadores tengan acceso preferencial a una parte de las acciones de la empresa donde laboran.

Este modelo existe en numerosos países y suele utilizarse como una herramienta para incentivar la productividad, fortalecer el compromiso con los resultados de la empresa y compartir parte de los beneficios económicos entre quienes participan directamente en su funcionamiento.

En caso de aplicarse en Cuba, podría representar un cambio significativo en la relación entre los trabajadores y las empresas estatales.

Mipymes y cooperativas

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas también podrían convertirse en inversionistas si la legislación futura lo permite.

Esto facilitaría alianzas entre empresas estatales y el sector privado nacional, permitiendo desarrollar proyectos conjuntos, ampliar capacidades productivas o financiar nuevas inversiones.

Las cooperativas también podrían desempeñar un papel importante dentro de este esquema, especialmente en actividades agrícolas, industriales o de servicios.

Empresas estatales

Otra posibilidad es que unas empresas estatales adquieran acciones de otras.

Este tipo de participación cruzada ya existe en diferentes economías y puede utilizarse para fortalecer cadenas productivas, mejorar la integración entre sectores o impulsar proyectos conjuntos de inversión.

Cubanos residentes en el exterior

Uno de los temas que más interés despierta entre la emigración cubana es la posibilidad de invertir directamente en empresas del país.

Aunque todavía no existe una regulación específica sobre este aspecto, la reforma podría abrir la puerta para que cubanos residentes fuera de la isla participen como accionistas, siempre que las futuras normas lo permitan.

Si finalmente ocurre, representaría una nueva vía para canalizar inversiones procedentes de la diáspora hacia la economía nacional.

Inversionistas extranjeros

Las empresas extranjeras también podrían convertirse en accionistas de determinadas sociedades mercantiles estatales.

En muchos casos, más allá del aporte financiero, estos inversionistas podrían contribuir con tecnología, experiencia en gestión empresarial, acceso a nuevos mercados y cadenas internacionales de suministro.

Sin embargo, es probable que la participación extranjera continúe sometida a autorizaciones específicas y a condiciones diferentes según el sector económico de que se trate.

¿Qué derechos tendrían los nuevos accionistas?

Comprar acciones no significa automáticamente tener el control de una empresa.

Los derechos de cada accionista dependerán del tipo de acciones emitidas y de las normas que apruebe el Gobierno para regular este nuevo mercado.

Entre los derechos que normalmente acompañan a una acción se encuentran:

• Recibir una parte de las utilidades cuando la empresa obtenga beneficios.
• Participar en determinadas decisiones mediante el voto en las asambleas de accionistas.
• Acceder a información sobre la situación financiera y los resultados de la empresa.
• Vender posteriormente las acciones, si la legislación establece un mercado para ello.

No obstante, el Estado podría crear diferentes categorías de acciones. Algunas podrían otorgar derechos políticos completos, mientras que otras tendrían únicamente derechos económicos.

También podría reservarse acciones especiales que le permitan mantener el control de las decisiones estratégicas, incluso aunque posea un porcentaje menor del capital total.

El gran reto será garantizar un proceso transparente

Para que este modelo genere confianza, será necesario crear reglas claras sobre el funcionamiento del mercado de acciones.

Entre otros aspectos, será imprescindible definir cómo se valorará cada empresa antes de vender parte de su capital, quién fijará el precio inicial de las acciones, cómo se protegerán los pequeños inversionistas y qué mecanismos evitarán la concentración excesiva de la propiedad en pocas manos.

La transparencia también será clave para atraer inversiones. Los futuros accionistas necesitarán conocer la situación financiera de las empresas, sus niveles de rentabilidad, sus perspectivas de crecimiento y los riesgos asociados a cada inversión.

Sin ese marco jurídico y financiero, la venta de acciones difícilmente podrá convertirse en una herramienta eficaz para impulsar la modernización del sistema empresarial cubano.

¿Cuándo podrían comenzar a venderse acciones de empresas estatales?

Aunque la reforma ya ha sido anunciada, la venta de acciones no comenzará de forma inmediata. Antes será necesario desarrollar un conjunto de normas que permitan poner en marcha este nuevo modelo empresarial y establecer las reglas que deberán seguir tanto las empresas como los futuros inversionistas.

En otras palabras, el cambio de concepto ya fue presentado, pero la implementación práctica todavía requerirá varios pasos.

Entre las principales tareas pendientes se encuentran la aprobación de las normas jurídicas que regularán las sociedades por acciones, la definición del procedimiento para valorar las empresas estatales, la creación de mecanismos para emitir las acciones y el diseño del sistema mediante el cual podrán comprarse y venderse.

Todo ello hace pensar que la puesta en marcha será gradual y probablemente comenzará con un número reducido de empresas antes de extenderse a otros sectores de la economía.

Los principales desafíos que enfrentará esta reforma

Más allá del interés que ha despertado la posibilidad de vender acciones, el éxito del nuevo modelo dependerá de cómo se resuelvan varios desafíos económicos y jurídicos.

Uno de los primeros será determinar cuánto vale realmente cada empresa estatal.

Muchas entidades poseen terrenos, edificios, maquinaria e infraestructura construidos durante décadas, pero también acumulan deudas, equipos obsoletos o problemas financieros. Calcular el valor real de cada empresa será fundamental para evitar que las acciones se vendan por debajo o por encima de su verdadero precio.

Otro reto será generar confianza entre los posibles inversionistas.

Ninguna persona o empresa invertirá recursos si no existe seguridad sobre las reglas del juego, la protección de su inversión o la posibilidad de recuperar el dinero mediante dividendos o la venta futura de sus acciones.

También será necesario establecer mecanismos de supervisión que garanticen la transparencia de las operaciones, eviten conflictos de interés y aseguren que todas las personas tengan acceso a la misma información antes de invertir.

A ello se suma un desafío adicional: la situación económica del país.

Factores como la inflación, la escasez de divisas, las dificultades para acceder a financiamiento internacional y la lenta recuperación de algunos sectores productivos podrían influir en el interés que despierten estas primeras emisiones de acciones.

Una reforma que podría cambiar el funcionamiento de la empresa estatal

La posibilidad de vender acciones representa uno de los cambios más profundos que ha experimentado el sistema empresarial cubano en las últimas décadas.

Hasta ahora, las empresas estatales funcionaban bajo un modelo donde el financiamiento dependía en gran medida del Estado y las decisiones estratégicas estaban altamente centralizadas.

Con la incorporación de accionistas, las empresas podrían comenzar a operar bajo una lógica diferente, donde la rentabilidad, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas adquieran un papel mucho más relevante.

Esto también podría traducirse en una mayor autonomía para los directivos, una gestión más profesional, mejores incentivos para los trabajadores y una mayor capacidad para captar recursos destinados a modernizar la producción.

Sin embargo, el verdadero alcance de la reforma dependerá de las decisiones que se adopten durante los próximos meses.

La lista de empresas sigue siendo una incógnita

Por el momento, ninguna autoridad ha revelado cuáles serán las primeras empresas estatales que podrán vender acciones.

Lo único confirmado es que el nuevo marco legal permitirá esta posibilidad y que el Estado definirá posteriormente qué entidades participarán, bajo qué condiciones y qué porcentaje de su capital podrá abrirse a nuevos inversionistas.

Mientras tanto, sectores como la industria alimentaria, la manufactura, los materiales de construcción, los servicios, la logística y algunas empresas turísticas aparecen entre los principales candidatos para iniciar este proceso, mientras que compañías vinculadas a la energía, los combustibles, las telecomunicaciones o la defensa probablemente continúen bajo un control estatal mucho más estricto.

La evolución de esta reforma será seguida muy de cerca tanto por economistas como por empresarios, trabajadores y ciudadanos, ya que podría marcar el inicio de una nueva etapa para la empresa estatal cubana y transformar la forma en que estas entidades obtienen financiamiento, gestionan sus recursos y participan en el desarrollo económico del país.

Para entender mejor el alcance de estas transformaciones económicas, también puedes consultar nuestros análisis relacionados sobre la reforma del sistema empresarial estatal, la evolución de las mipymes en Cuba y las principales medidas económicas anunciadas por el Gobierno cubano.