El gobierno cubano ha dado un paso inédito y significativo: reconocer como empleo formal el cuidado de hijos con discapacidad severa. La medida, que ya ha sido implementada en algunas provincias como parte de un experimento, busca brindar respaldo económico a madres, padres u otros familiares que han dedicado su vida al acompañamiento y atención permanente de estos menores.
Este anuncio no solo representa un alivio para muchas familias cubanas, sino también un cambio de paradigma en la manera en que el Estado valora el trabajo no remunerado de cuidados, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y creciente vulnerabilidad social.
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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha comenzado a aplicar esta medida en varias provincias como parte de un experimento controlado.
Durante esta fase, se seleccionan familias con hijos en situación de discapacidad severa que requieren atención constante y que, debido a ello, impiden que su cuidador principal pueda insertarse en el empleo formal.
El cuidador —mayoritariamente mujeres— será contratado como trabajador estatal y recibirá un salario, con derechos laborales como vacaciones pagadas y licencia por enfermedad.
Para ser elegible, la familia debe cumplir ciertos requisitos que serán evaluados por un equipo multidisciplinario. Entre ellos:
Durante décadas, miles de madres y abuelas cubanas han dedicado su vida al cuidado de hijos con discapacidad, sin recibir compensación económica, ni respaldo institucional.
La medida representa para muchas de ellas no solo un ingreso mensual, sino un reconocimiento simbólico al valor de su labor silenciosa.
En un país donde la red de servicios sociales está debilitada y las tareas de cuidado recaen casi exclusivamente en el ámbito familiar, esta política podría marcar el inicio de una transformación más profunda: reconocer los cuidados como una actividad económica fundamental para el sostenimiento de la sociedad.
Aunque la medida es vista como positiva, expertos advierten que aún hay desafíos importantes:
Desde el exterior, muchos cubanos han acogido la noticia con esperanza y algo de escepticismo. Para quienes envían remesas a sus familias con hijos discapacitados, este ingreso puede representar un alivio.
Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre su implementación real y alcance nacional.
Hasta ahora, provincias como Sancti Spíritus y Artemisa han iniciado el experimento. Se espera que se expanda gradualmente a otras zonas.
Aunque no se ha especificado una cifra fija, se ha informado que será equivalente al salario mínimo estatal, con posibilidad de ajustes.
Sí, especialmente si han dejado de trabajar por cuidar a sus hijos y cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades.
Por ahora, la política se limita a cuidadores de menores de edad con discapacidad severa.
Se requiere un dictamen médico oficial, pruebas de convivencia y evaluación socioeconómica realizada por el equipo designado.
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