Miles de migrantes latinoamericanos, incluidos numerosos cubanos, enfrentan una nueva amenaza legal en Estados Unidos: la posible eliminación de los permisos de trabajo otorgados a través del programa CBP One.
La noticia ha generado alarma y confusión, especialmente en comunidades migrantes que dependen de este documento para sostenerse mientras esperan una resolución de su estatus migratorio.
CBP One es una aplicación móvil utilizada por el gobierno de EE.UU. para gestionar citas de ingreso legal por la frontera sur. Desde su implementación, ha sido una vía crucial para que migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua accedan al país bajo un esquema regulado, evitando cruces irregulares.
Una vez admitidos, muchos reciben documentación provisional, incluyendo la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo mientras esperan el proceso migratorio.
Según reportes de medios como CNN en Español y Directorio Cubano, las autoridades estadounidenses están evaluando restringir o cancelar el permiso de trabajo para quienes ingresaron por CBP One.
Esta posible medida estaría ligada a una línea de acción más restrictiva y enfocada en la deportación acelerada.
Aunque aún no hay una orden oficial, se barajan varias propuestas en escenarios políticos influenciados por las elecciones presidenciales de 2024.
Voceros vinculados al expresidente Donald Trump han expresado la intención de eliminar programas como CBP One y el parole humanitario, por considerarlos demasiado permisivos.
La comunidad cubana es una de las más representadas en el uso del CBP One. Muchos ingresaron por esta vía tras largas travesías por Centroamérica, y hoy se enfrentan a la posibilidad de quedar sin empleo legal, lo que afectaría su estabilidad, capacidad de pago de alquiler, envío de remesas y adaptación al sistema estadounidense.
Organizaciones proinmigrantes en ciudades como Miami, Houston y Nueva York ya están alzando la voz, alertando sobre el impacto humanitario y social de estas decisiones.
De concretarse, la medida dejaría a miles de personas en una situación vulnerable:
Pérdida de ingresos y riesgo de caer en la economía informal. Dificultad para obtener vivienda, abrir cuentas bancarias o acceder a servicios. Posibilidad de que muchos sean forzados a regresar a sus países o quedarse en situación irregular.
Además, afectaría a empresas que dependen de mano de obra migrante legal, especialmente en sectores como construcción, limpieza, servicios y agricultura.
No. Aún no hay un decreto oficial, pero hay propuestas activas y declaraciones políticas que apuntan hacia esa dirección.
Sí, se ha mencionado que ambos programas podrían ser eliminados o modificados severamente.
Consultar con abogados migratorios, mantenerse informados por fuentes oficiales y no caer en rumores.
No. Afectaría también a haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ingresaron por CBP One.
Podrían anunciarse tras las elecciones presidenciales o incluso antes, si hay cambios administrativos.
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