En Cuba se trabaja para actualizar la Ley de Salud Pública que rige desde 1983, y ya existe un anteproyecto, que contiene varios aspectos novedosos para implementar en el país, y se espera sea analizado en diversos sectores poblacionales en el primer trimestre de 2023.
Trabajadores de la salud, diputados y población en general deben involucrarse en el proceso de análisis. Sobre algunos de los elementos que se tratan en la propuesta de legislación te contamos en este artículo.
Uno de los aspectos más polémicos y nuevos para la realidad del cubano recogidos en el documento es el reconocimiento de la eutanasia para implementarse en el país como derecho.
Mediante la eutanasia se da fin con un proceder médico a la vida de una persona con la voluntad expresa de esta, con el objetivo de evitarle dolor y sufrimiento, es conocida también como una ayuda médica para morir.
En el anteproyecto legislativo se contempla el derecho de la mujer a optar por la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual a pesar de estar reconocido en la isla desde 1970, no figura de manera explícita en la legislación vigente en el país.
La propuesta además trata lo relacionado con la reproducción asistida y la gestación solidaria, proceder del cual también pueden beneficiarse familias homoparentales.
El consentimiento de las personas antes de que su cuerpo sea objeto de exploración, tratamiento o exhibición con propósito docente es otra de las cuestiones que se contemplan en la propuesta de ley.
El documento se refiere también a las garantías constitucionales de las personas e introduce la ética y los valores como parte de la formación y la praxis de la medicina.
En la redacción de la norma participan especialistas de varias disciplinas y hay representación de organizaciones de masas, organismos de la Administración Central del Estado, y diferentes sectores con el fin de contar con variedad de opiniones.
Más de 50 normas cubanas podrían ser modificadas de aprobarse la nueva ley, y según reporta la prensa de la isla, ya se trabaja en ese sentido, para ajustar tales legislaciones a los nuevos principios emanados de la de salud.
La propuesta la conforman cuatro títulos y es resultado del trabajo que realizan varios profesionales desde 2019, y también trata lo referido al aseguramiento económico-financiero planificado de los servicios de salud en el país.
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