Estados Unidos se sumerge en una gran polémica tras la reciente decisión del Congreso federal que pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de ciudadanos norteamericanos, miembros del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
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Desde que Donald Trump asumió el mandato presidencial el pasado mes de enero de 2025, muchos han sido los cambios internos que ha tenido el país, y no precisamente para favorecer la vida de los ciudadanos.
SNAP ya estaba en tela de juicio por insuficiencia de fondos para cubrir en su totalidad los montos de pago a cada beneficiario durante los próximos años, lo que derivó en una propuesta del Congreso estadounidense en iniciar recortes en el programa.
Bajo el amparo de un nuevo proyecto de ley denominado “One Big Beautiful Bill”, los líderes republicanos del Senado abogan por una ley presupuestaria que incluye reducciones monetarias en programas asistenciales como Medicaid y SNAP, de hasta $300 mil millones de dólares, además del recrudecimiento de los requisitos de acceso.
La nueva propuesta afecta directamente a 40 millones de ciudadanos norteamericanos miembros de SNAP en todo el país, puesto que las nuevas asignaciones serían mucho menores y esto no estaría en equilibrio con el contexto de inflación, el incremento de los bienes y servicios, y el paulatino aumento del costo de vida.
Aparejado a la disminución de los fondos presupuestarios de SNAP, también se espera que cada estado haga una revalorización de sus políticas de elegibilidad, lo que -a su vez- trae consigo el endurecimiento de las normas y requisitos de aplicación, y menos personas podrán acceder al programa.
Se estudia la posibilidad de acrecentar las limitaciones para ciertos grupos poblacionales, especialmente para adultos sin hijos entre los 18 y 55 años, y para las familias que estén en el nivel justo del umbral de pobreza.
Por tanto, podría decirse que esta determinación federal actúa como efecto dominó, la reducción del financiamiento también trae consigo la limitación de beneficios y con ello, la reducción de elegibilidad como necesidad de control fiscal.
Los expertos en seguridad alimentaria se han pronunciado ante ello, vaticinando que como consecuencias, el proyecto podría sumir en la pobreza a un aproximado de 900 mil estadounidenses.
Por otra parte, las estadísticas afirman que más de 47 millones de estadounidenses (que representan el 13% de los hogares) padecen inseguridad alimentaria, de modo que la alternativa que propone el Congreso solo recrudecería la situación.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, ha calculado de forma preliminar, que cerca de 3.5 millones de personas podrían perder el acceso a SNAP de forma total o parcial.
De manera general, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (entidad que administra SNAP) afirmó recientemente que la economía local se verá notablemente afectada.
La respuesta no se ha hecho esperar por parte de algunos gobernadores y fiscales generales de estados. La oposición a esta determinación congresista llega en forma de cartas y demandas judiciales para intentar frenar y bloquear estos recortes.
Varios estados norteamericanos han tomado cartas en el asunto y se han pronunciado al respecto, bajo el sólido argumento de que aumentaría el índice de hambre infantil y pobreza extrema, que podría llevar a un colapso en otros aspectos.
Algunos de los estados que se han pronunciado oficialmente en contra de esta medida del plan congresista, son los siguientes:
El 22 de mayo de 2025 se debatió en la Cámara de Representantes el proyecto “One Big Beautiful Bill”, calificando como aprobado.
En lo adelante, los republicanos del Senado -bajo el liderazgo de John Thune- han impuesto una fecha límite de envío a Donald Trump para su aprobación e implementación.
Se fijó el viernes 4 de julio para hacerlo llegar al mandatario de la Casa Blanca, por lo que en este período se votará nuevamente en el Senado sobre el texto modificado, para determinar lo que sucederá.
Por tanto, si ambas cámaras lo aprueban, la ley será firmada por Donald Trump en los próximos días.
Mientras está en juego el dinero de alimentación de millones de ciudadanos estadounidenses, muy poco pueden hacer los que están del otro lado de la mesa. Por el momento, las entidades implicadas han solicitado a los miembros que reporten cualquier cambio en los ingresos personales o en la composición del hogar.
Hasta tanto no se tome una decisión final los pagos SNAP continúan con normalidad de acuerdo a las fechas de entrega, las vías y formas de pago, y sujetos al calendario anunciado oficialmente.
No obstante, varias organizaciones comunitarias y algunos bancos de alimentos prevén un incremento de la demanda en esta temporada, por lo que aseguran suministros y abastecimiento.
Uno de los gobernadores en oposición a este proyecto de ley declaró: “Reducir SNAP no es solo una mala política social, es una amenaza directa para la salud pública. La alimentación no puede convertirse en un arma política”.
R/: Sí. Los recortes financieros a los beneficios que reciben los miembros SNAP, forman parte de un proyecto de ley que lleva el nombre “One Big Beautiful Bill”.
R/: El nuevo proyecto federal plantea una conciliación presupuestaria para reducir los gastos que se invierten en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria en unos $295 mil millones de dólares en el transcurso de 10 años.
R/: Afectará a todos los miembros SNAP, pero los más perjudicados pueden ser los adultos sin hijos dependientes, personas entre 55 y 64 años (pese a que enfrenten problemas de salud), padres con hijos a partir de los 6 años y trabajadores con bajos ingresos.
R/: Sí. Los cubanos inmigrantes que sean miembros de SNAP también se verán afectados por esta determinación. El nivel de perjuicio se mide en dependencia de la categoría poblacional en la que califiquen.
R/: Todo depende de la votación que por estos días acontece en el Senado. Ya fue aprobada en una primera sesión el 22 de mayo, pero la nueva votación propuesta antes del 4 de julio determinará finalmente un acuerdo masivo en su implementación o no, y de ser así, pasa a firma presidencial. Aunque el Partido Republicano controla en su mayoría al Senado, varios gobernantes demócratas se oponen firmemente a esta ley.
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