¿Sector Privado Bajo Ataque en Cuba? Ventas Forzosas y Cierres de Negocios en el Centro del País

Los emprendedores cubanos lo han dicho durante muchísimo tiempo: invertir en Cuba es muy difícil, por lo cambiante de las políticas económicas y los “arranques” de poder y control del Estado sobre la vida económica nacional. 

Hace apenas unas semanas entró en vigor una controversial norma regulatoria sobre los precios de determinados productos de primera necesidad que son vendidos por las micro, pequeñas y medianas empresas cubanas (Mipymes), así como por los denominados Trabajadores por Cuenta Propia (TCP), quienes constituyen la gran parte del sector privado cubano.

Desde que el pasado 8 de julio entró en vigor la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, los organismos del gobierno y el Estado se han lanzado sobre los establecimientos que incumplen con lo establecido, así como con otras regulaciones relacionadas a la llamada “bancarización”.

La acción fiscalizadora se desarrolla en todo el país, pero los datos revelan que en el centro de Cuba la llevan de una manera más férrea. 

En Cienfuegos, en cuestión de días obligaron a más de 20 vendedores de productos agrícolas a ofrecer sus productos a los precios establecidos; aun cuando las autoridades nunca se preocupan por los costes de producción del campesino, ni por las relaciones de comercialización con los vendedores de cara al pueblo.

Además, cerraron seis locales vinculados a negocios privados y cancelaron más de 30 proyectos de trabajo solicitados, por carecer de una proyección social sólida, según argumentan. 

En esta pequeña provincia del centro de la Isla, el denominado “ejercicio de control de precios” trajo consigo 590 multas a actores privados de la economía, tras más de 860 inspecciones y 630 violaciones económicas detectadas; según lo reconoce Alexander Brito Brito, el coordinados de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular. 

El equipo multidisciplinario de inspectores (conformado por integrantes de las direcciones de Inspección y Comercio, la Unidad Estatal de Tráfico y Agricultura, y la Oficina Nacional de Administración Tributaria) también se lanzó sobre los transportistas y comercializadores de alimentos, tras recibir 56 quejas y 5 denuncias relacionadas con estos sectores. 

Fruto de la intervención fiscal en los negocios privados de Cienfuegos, la provincia recibirá aproximadamente una cifra de un millón de pesos, solamente por criterio de multas ante las violaciones, sobre todo, al Decreto Ley 30. 

Entre los territorios más impactados por el “ejercicio de control de precios” se encuentran los municipios de Rodas, Aguada de Pasajeros, Santa Isabel de las Lajas, y el propio municipio cabecera Cienfuegos. 

Con la nueva redada, declara Brito Brito, se aprecia un mayor cumplimiento de los actores no estatales con la tarea de la bancarización, relacionada con la disponibilidad de canales electrónicos para el pago (el popularmente conocido como método del código QR).

No obstante, señala Brito Brito, “apreciamos que ante una tendencia de alerta, algunos decidieron cerrar sus negocios durante las jornadas del ejercicio”.

Ciertamente, los trabajadores de las entidades encargadas de fiscalizar solamente cumplen con su deber de hacer valer las normas y regulaciones, pero, siendo especialistas en temas económicos, ¿se han preguntado sobre la justeza de estas acciones? ¿Garantiza el gobierno las condiciones necesarias para exigir tales restricciones? ¿Se han dado a escuchar?

Muchos de estos inspectores, y es este un reclamo popular, llegan también con tarifas establecidas para los actores no estatales si desean evitar las multas o cierre de negocios. Por tanto, sí, como se dice en buen cubano, en estas redadas tiene tanta culpa el que mata la vaca como el que aguanta su pata.

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