En un intento por reducir la fuerza laboral “innecesaria”, Donald Trump ordenó a las agencias federales tener listo para mediados de este mes, un plan de reestructuración que muestre cifras mínimas en la plantilla de trabajo.
Todo esto forma parte de la política de cambios y “eficiencia gubernamental” que lleva a cabo el DOGE, lo que ha incluido miles de despidos en otras agencias y entidades estadounidenses.
Para estas fechas las agencias federales ya deberían haber ideado un plan de reducción laboral, y al respecto, algunas han implementado estrategias de incentivo para evitar los despidos abruptos y directos.
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Con una plantilla laboral de alrededor de 80 mil personas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, se vio en una encrucijada bastante compleja tras la orden del mandatario republicano.
En aras de solventar la situación de una forma pasiva y menos áspera, la entidad federal ofreció la posibilidad de renuncia voluntaria a cambio de cheques monetarios de hasta $25 mil dólares.
La atractiva propuesta fue enviada mediante correo electrónico a los empleados a inicios de mes, a modo de compensación por el trabajo realizado y disponible únicamente por un periodo limitado.
Todos aquellos que estuvieran dispuestos a aceptar la oferta de cambio, y evitar un despido directo por parte de la institución, tuvieron hasta el pasado viernes la posibilidad de tomarla o no.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos tomó esta iniciativa como protección interna, para evitar que un plan de reestructuración general tomara las riendas en un asunto perteneciente a la empresa, y que los resultados no estuvieran en consonancia a la voluntad de la entidad.
La política de despidos masivos del presidente estadounidense ha tenido opositores en todos los sentidos, desde los propios trabajadores afectados en medio de un creciente contexto inflacionario hasta jueces.
En San Francisco, un juez federal emitió la semana pasada una orden a la administración trumpista para la recontratación de aquellos trabajadores federales despedidos masivamente, puesto que se alega que la Oficina de Administración de Personal carecía de autoridad para emitir tal determinación.
Esto llevó a una apelación contra la orden judicial ante el Tribunal del Noveno Circuito, a lo que la secretaria de prensa de la Casa Blanca -Karoline Leavitt- señaló que el gobierno de Trump tomaría medidas “contra esa orden absurda e inconstitucional”.
El director ejecutivo de Western Watersheds Project -Erik Molvar- uno de los demandantes, refirió:
“Estos despidos masivos de trabajadores federales no fueron sólo un ataque a las agencias gubernamentales y su capacidad para funcionar, sino que también fueron un ataque directo a las tierras públicas, la vida silvestre y el estado de derecho”.
La orden del juez William Alsup precisa a los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro que se ejecute inmediatamente la reincorporación de los empleados que fueron despedidos a mediados de febrero.
En tanto, los funcionarios gubernamentales y abogados afirman que el procedimiento masivo de despidos ha sido completamente legal, puesto que cada agencia federal determinó si sus empleados eran necesarios y aptos para continuar laborando.
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