Una reciente declaración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha encendido las alarmas entre residentes y migrantes del estado. En medio de un discurso sobre seguridad fronteriza y políticas migratorias, el líder republicano advirtió que podría exigirse prueba de ciudadanía estadounidense para realizar acciones tan cotidianas como comprar un billete de lotería o una cerveza.
Esta posibilidad no solo ha generado controversia, sino que también plantea profundas implicaciones para la comunidad cubana en Florida, una de las más numerosas y activas del estado.
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Desde su llegada a la gobernación, DeSantis ha implementado una agenda de línea dura en materia migratoria. En 2023, ya impulsó una ley estatal que obliga a hospitales a reportar el estatus migratorio de sus pacientes y a las empresas a verificar el estatus legal de sus empleados mediante el sistema E-Verify.
Estas nuevas declaraciones forman parte de su discurso en apoyo al expresidente Donald Trump, criticando las políticas de Joe Biden y promoviendo un enfoque más estricto hacia la frontera.
“¿Por qué no pedir prueba de ciudadanía para cosas como la lotería o el alcohol?”, cuestionó DeSantis durante una conferencia, agregando que el estado está considerando “medidas contundentes” para evitar que los inmigrantes indocumentados se beneficien de servicios públicos o comerciales.
Si se implementa esta exigencia, cualquier persona que desee comprar productos regulados —como bebidas alcohólicas o boletos de lotería— debería presentar un documento que pruebe su ciudadanía estadounidense.
Esto excluiría a residentes permanentes, asilados, personas con parole humanitario o en proceso migratorio, muchos de los cuales forman parte de la comunidad cubana en Florida.
Cientos de miles de cubanos han llegado a Florida en los últimos años bajo programas como el parole humanitario o tras cruzar la frontera sur. Aunque legalmente pueden residir y trabajar en Estados Unidos, no todos tienen documentos que los acrediten como ciudadanos.
Esta medida, de aplicarse, los colocaría en una situación de vulnerabilidad y exclusión, incluso para actividades básicas del día a día.
Abogados y defensores de los derechos civiles ya han mostrado preocupación. La medida podría ser considerada inconstitucional o discriminatoria, y enfrentar múltiples demandas si intenta restringir el acceso a bienes comerciales con base en el estatus migratorio.
No existe justificación legal para exigir ciudadanía en actividades que ya están reguladas por edad o identidad.
comentó un abogado de inmigración al medio Local10.
Mientras algunos ven con buenos ojos un mayor control migratorio, otros temen que estas medidas solo profundicen la criminalización de los migrantes. Varios líderes comunitarios cubanoamericanos en Miami han pedido cautela y mayor claridad sobre los posibles alcances reales de estas propuestas.
Por el momento, no hay un proyecto de ley formal que imponga esta exigencia, pero las palabras de DeSantis reflejan el clima político que se vive en Florida, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2024, donde el tema migratorio será un eje central.
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