Los migrantes irregulares que residen en España han tenido una jornada expectante, al efectuarse este martes 9 de abril, un debate decisivo sobre la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria migratoria.
La propuesta del proyecto legislativo se presentó con el apoyo de más de 611 mil firmas y bajo el respaldo de 900 organizaciones sociales, lo que derivó en la tramitación de la iniciativa por parte de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox.
El Pleno del Congreso ha aprobado iniciar el consecuente trámite parlamentario del texto, que puede establecer cambios a través de las enmiendas. Con ello, se regularizaría la situación migratoria de numerosas personas que residen y trabajan en España desde antes del 1 de noviembre de 2021, y no poseen documentación, ni derechos básicos.
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El apoyo a esta nueva legislativa ha sido contundente y positiva por parte de los grupos gubernamentales, PSOE y Sumar, ERC, Podemos, Bildu, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Popular por su parte, acordó “tomar la propuesta en consideración”.
En tanto, el partido político Vox no apoya la normativa en proyecto, puesto que se asocia el fenómeno de inmigración con cuestiones sociales de delincuencia, y al respecto señalan sus representantes: “Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Nigeria, ni Senegal”.
La diputada de las Cortes Generales de España -Rocío de Meer- ha señalado al respecto que el partido no toma una actitud xenófoba, sino que se trata de “sentido común”, una actitud sumamente cuestionable mientras tanto, por otros partidos en contraposición argumental.
Sin embargo, el resto de las autoridades involucradas manifiestan que la iniciativa responde a la justicia social, a principios de humanidad y respeto a los derechos frente al discurso de “xenofobia, racismo y parafascismo de ultraderecha”.
Si esto se aprueba hoy aquí, es un mandato, el Gobierno tiene que llevarlo a cabo, y por eso esperamos que mañana mismo se cree un grupo con los ministerios implicados para que se cumpla. La gente no migra porque quiere, sino porque vivimos en un sistema capitalista que obliga a eso: la riqueza europea viene del expolio de los países de África y América Latina.
puntualizó el activista político Gala Pin del movimiento Sumar.
El texto que promueve la iniciativa solicita a las autoridades gubernamentales a establecer -mediante Real Decreto- este procedimiento de regularización de extranjeros en un plazo de seis meses.
A pesar de que los indicios de votaciones a favor del proyecto legislativo se pronuncian positivamente y se celebra que el congreso haya tomado en consideración de análisis la propuesta, no se pierde el riesgo de que la aprobación quede en un impasse político y se estacione durante toda la legislatura.
Edith Espínola -portavoz de la iniciativa política- ha manifestado que estarán pendientes a posibles modificaciones en “recortes de derechos” que puedan introducir algunos grupos políticos en desavenencia. “No queremos que quede en el cajón”, señala en alusión a una inmovilización en el proceso.
De implementarse definitivamente esta Iniciativa Legislativa Popular de regularización migratoria, se estima que alrededor de unas 390 mil y 470 mil personas resultarían beneficiadas, la gran mayoría procedente de América Latina.
Esto significaría cesar con la vulneración de los derechos humanos a servicios básicos de sanidad pública, vivienda o alimentación, además de la voluntad social ciudadana de contar con estatus legal sin miedo a la transgresión de las libertades públicas individuales.
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