La selva del Darién, un paso natural entre Colombia y Panamá, se ha convertido en el epicentro de una nueva medida de seguridad que promete cambiar el flujo migratorio en la región. En una decisión que ya está generando controversia, el gobierno panameño ha comenzado a cerrar tres pasos fronterizos clave, instalando cercas de alambre de púas para controlar el movimiento de migrantes.
¿Qué implicaciones tiene esta medida y cómo afectará a la población migrante y a las comunidades locales?
El 3 de julio, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) anunció el cierre de tres pasos no autorizados en la frontera con Colombia, justificando la medida como un esfuerzo para “canalizar la migración irregular” y concentrar mejor los recursos de seguridad. Estos cierres se han implementado en la costa del Pacífico y del Caribe, con la instalación de vallas perimetrales y refuerzo de patrullas.
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, explicó que esta acción forma parte de una campaña para reducir el tráfico de personas y otros delitos asociados al flujo migratorio. Según Mulino, el objetivo es evitar que Panamá siga siendo una ruta de tránsito para migrantes irregulares, quienes son explotados por redes criminales transnacionales.
En Colombia, las comunidades cercanas al Tapón del Darién han expresado su preocupación por las consecuencias de esta medida. Emigdio Pertuz, líder del consejo comunitario Cocomanorte, denunció que las cercas de alambre de púas ya están siendo instaladas en varios puntos de la vereda Astí y que, lejos de detener la migración, aumentan los riesgos para los migrantes, especialmente para los más vulnerables.
Pertuz señaló que los migrantes están cortando árboles cercanos a las alambradas para pasar, incrementando el peligro de accidentes y lesiones. Además, líderes locales temen que la medida provoque un represamiento de migrantes en municipios como Acandí, Capurganá, Necoclí y Turbo, lo que podría derivar en una crisis humanitaria.
El flujo migratorio por el Darién ha sido masivo en los últimos años, con más de 195,000 personas cruzando la selva en 2023, la mayoría de ellos venezolanos. La medida de cerrar los pasos fronterizos podría desviar este flujo hacia rutas más peligrosas, aumentando la explotación por parte del crimen organizado y reduciendo el control gubernamental en la región.
Para enfrentar esta crisis, Panamá ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para financiar las repatriaciones de migrantes, con un aporte de 6 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense. Sin embargo, aún no está claro cómo se implementarán estos planes en la práctica ni cuál será el impacto en la política migratoria a largo plazo.
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