El gobierno cubano eliminó normas para la comercialización de la pesca marina de ciertas especies, publicaron medios oficiales recientemente.
La Gaceta Oficial de Cuba indicó este martes la oficialidad y puesta en vigor de la Resolución 16 de 2024 donde se explica a detalle a qué están autorizados ahora los pescadores cubanos.
Desde este momento los que se dedican a la actividad no necesitarán de una Licencia de Pesca Comercial no Estatal, por ende, podrán comercializar su pesca sin mediación del estado.
La Gaceta indica que “se autoriza de acuerdo a las decisiones que al respecto adopten los gobiernos locales”.
Con esta aclaración se supone que deberá informarse y acordar precios de venta con los gobiernos de los territorios, pero la norma no especifica nada más sobre el tema.
Lo que sí explica a detalle son las especies que se podrán comercializar libremente y deja a la imaginación o a la lógica cuáles no se podrían tocar.
Las autorizadas a capturar son peces, todas las especies de atún o túnidos, ostiones, almejas, jaiba y camarones marinos, en este último caso fuera de las lagunas costeras y siempre en aguas de la plataforma insular.
Nótese que en ese grupo no aparecen otras bien cotizadas como la langosta, el pulpo, la raya, el jurel o la sierra, entre otros, todas muy apreciadas por el hombre no solo para su venta sino por su sabor y aportes alimenticios al organismo humano.
El documento indica que los pescadores deberán entregar una Declaración Jurada, según el modelo más actualizado, el estado de sus capturas, acción que será obligatoria para ellos cada 3 meses.
Aunque no abre totalmente el camino hacia la pesca y venta de todo tipo de especies, actividad hasta ahora prohibida sin mediación del gobierno, es una noticia que seguramente reciben de buen agrado los pescadores.
La puerta comienza a entreabrirse y quizás así el ansiado y necesario producto marino comience a ser más ingerido por los cubanos, rodeados de mar y que paradójicamente no tienen acceso a los mismos.
Aunque en ningún sitio oficial se aclara el por qué de esta decisión puede inferirse que se debe en primera instancia a la crisis de alimentos que vive el país y en segundo lugar a la situación de la industria pesquera nacional, con necesidad de cambios y mejoras en su infraestructura.
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