La nueva política estadounidense que lleva a cabo Donald Trump acecha a los inmigrantes en términos legislativos, y cada vez surgen más limitaciones para reducir beneficios y estancia en la nación norteamericana. Esta vez, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) tiene restricciones en tal sentido.
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De acuerdo a las estadísticas, la población migrante forma parte del gran índice de ciudadanos que se benefician con los recursos monetarios que otorga SNAP. Más de 321 mil personas que han ingresado a los Estados Unidos bajo un programa asistencial humanitario reciben mensualmente la ayuda, pero lastimosamente se verán afectados con la reciente determinación presidencial.
Este grupo poblacional -incluyendo a los que se acogieron al parole humanitario- dejarán de recibir los beneficios a través de una nueva ley que entra en vigor el próximo jueves 24 de abril del año en curso, y que afecta, en su mayoría, a cubanos y haitianos.
Una vez que expire el estatus migratorio temporal de estos ciudadanos, se dejará de emitir la ayuda financiera a las tarjetas electrónicas EBT, por lo que perderán automáticamente los beneficios SNAP.
Existe una alternativa para que los ciudadanos migrantes no pierdan la ayuda SNAP una vez que finalice el estatus migratorio. Aquellos que se afilien a otras estrategias políticas de seguridad migratoria, como asilo o TPS (Estatus de Protección Temporal) podrían quedar a salvo de tal determinación legislativa y continuar recibiendo los montos de pago.
Es válido señalar que no existe una distinción de cifras de acuerdo al estatus, la variabilidad radica tanto las políticas estatales del lugar de residencia, como en la composición familiar y el nivel de ingresos anual.
La medida no solo ha preocupado sobremanera a la población migrante estadounidense que requieren de los suplementos financieros estatales para la cobertura de alimentación, sino que también ha activado las alarmas en varias organizaciones.
Algunas sociedades defensoras de los derechos de inmigrantes, se han pronunciado ante la nueva determinación política, bajo el sólido argumento de que pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias que necesitan un sustento diario y tienen problemas para acceder a un empleo o vivienda.
A todo esto, se suma que la decisión de Trump llega en un contexto marcado ampliamente por la inflación y la presión económica, lo que, a su vez, agrava aún más la crisis alimentaria poblacional.
La eliminación de los beneficios SNAP es una continuación de la administración trumpista que busca erradicar a los migrantes en territorio estadounidense a partir de la restricción de servicios y derechos públicos, cancelación de permisos laborales, etc.
Sin embargo, pese a que las organizaciones no gubernamentales denuncian que la alimentación, como derecho básico, no debería ser usado como un instrumento político, la realidad dicta algo completamente diferente.
Frente a tales circunstancias, se trabaja para brindar un apoyo directo a quienes quedan desamparados por la ley, pero con la imposibilidad de cubrir a todos los afectados debido al enorme de volumen de personas perjudicadas.
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