
No resulta extraño caminar por varias ciudades de Cuba y encontrar personas en estado de desamparo total. Se trata de individuos que terminan viviendo en las calles de la propina que suelen darle los transeúntes. Estos sujetos pueden llegan a este estado ya sea por adicción a bebidas alcohólicas, abandono familiar u otras razones vinculadas a la pérdida de la cordura y el sentido común. Sin embargo, el gobierno promete regular esta situación mediante nuevas medidas destinadas a este sector.
El protocolo de apoyo a estas personas en situación vulnerable se trata de una actualización a la política aprobada en el año 2014, y resulta uno de los pasos más importantes que se han tomado por las autoridades del país en cuanto a este tema desde esa fecha.
El objetivo del proyecto es coordinar las acciones para garantizar la detección, información y traslado de estas personas, ya sea hacia hogares de ancianos, en el caso de los mayores de 60 años, y hospitales y centros de rehabilitación, para aquellos que presentan síntomas de adicción o enfermedades psiquiátricas.
Entre las medidas acordadas durante la más reciente sesión del Consejo de Ministros, consta la creación de Centros de Protección Social en aquellas provincias donde aún no se encuentran establecidos o funcionen de manera irregular, en este caso, en los territorios de Mayabeque, Artemisa, Isla de la Juventud, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Guantánamo.
Además, se especificó que estos centros solo ejercen labor temporal, ya que no están pensados para que estas personas vivan allí, sino para que sean rehabilitados y atendidos con el objetivo de que regresen junto a sus familiares. En el caso de no tener familia, existen otros mecanismos de inserción, y el gobierno se hace cargo de estos procedimientos.
Al tratarse de menores de edad, se le pide a la población que en el momento de ser detectado deambulando se le acompañe hasta algún centro educacional o de salud para que se le realicen los estudios pertinentes y pueda comenzar su proceso de integración.
Según detalles de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, si la persona es mayor de edad sin domicilio, se le debe facilitar una vivienda temporal, oferta de trabajo o materiales de construcción y subsidios en caso de ser necesario reparar su vivienda.
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