El debate sobre la tasa de mortalidad infantil en Cuba ha cobrado fuerza en los últimos años. En un país reconocido históricamente por su sistema de salud, el reciente incremento de esta cifra genera preguntas.
¿Qué está pasando en el sistema sanitario cubano y cuáles son las perspectivas para 2025?
La tasa de mortalidad infantil en Cuba cerró el 2024 con 7,1 muertes por cada mil nacidos vivos.
Esta cifra, aunque estable respecto a años anteriores, marca un retroceso en comparación con décadas pasadas, cuando se alcanzaron niveles históricos de menos de 5.
Factores como el deterioro de infraestructuras médicas, la falta de insumos y la migración de profesionales de la salud parecen estar incidiendo en esta tendencia.
La crisis económica en Cuba afecta directamente la calidad de los servicios de salud. La escasez de medicamentos esenciales y recursos tecnológicos limita la capacidad de respuesta del sistema ante complicaciones en neonatos.
Un problema recurrente es la emigración de médicos y enfermeros hacia otros países, en busca de mejores condiciones laborales. Esto deja a las instituciones cubanas con personal insuficiente y sobrecargado.
El envejecimiento de la población, combinado con un bajo índice de natalidad, también afecta indirectamente los recursos destinados a la atención materno-infantil.
A pesar del aumento en la tasa de mortalidad infantil, Cuba sigue estando por debajo del promedio de América Latina, donde la cifra ronda las 15 muertes por cada mil nacidos vivos.
Sin embargo, el contraste con su propio historial exitoso resalta la necesidad de una evaluación crítica de las políticas actuales.
El gobierno cubano enfrenta el desafío de recuperar su histórica reputación en salud pública. Esto implicará:
A corto plazo, la estabilización económica será clave para mejorar la atención y reducir las tasas de mortalidad.
La tasa de mortalidad infantil en Cuba, un indicador de progreso social, está en un punto crítico.
Los esfuerzos para revertir la tendencia dependerán no solo de la capacidad del sistema de salud, sino también de reformas económicas y sociales que permitan garantizar un acceso pleno y equitativo a los servicios de salud.
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