
En el vertiginoso mundo de la tecnología, incluso las herramientas diseñadas para la seguridad pueden tener fallas que alteren el destino de miles de personas. Tal es el caso de la aplicación CBP One, una plataforma destinada a facilitar el proceso de citas para solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos, pero que, según un reciente informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha permitido ventajas indebidas para algunos usuarios.
Desde su implementación en enero de 2023, CBP One ha sido un pilar en la administración de citas en la frontera, permitiendo a más de 765,000 personas programar encuentros con las autoridades migratorias. Sin embargo, el informe revela que la falta de planificación adecuada y la ausencia de medidas contra el fraude han derivado en irregularidades.
El uso de múltiples registros, una táctica utilizada por algunos migrantes para aumentar sus posibilidades de obtener una cita, ha sido uno de los problemas más destacados. De hecho, 52,992 usuarios de un total de 1,336,401 (alrededor del 4%) crearon al menos 10 registros únicos, aprovechando así una laguna en el sistema.
Además, la aplicación ha enfrentado problemas críticos en su diseño y operatividad, incluyendo traducciones deficientes, problemas de accesibilidad y una distribución inequitativa de las citas. Estos fallos no solo han provocado frustración entre los solicitantes, sino que también han levantado alarmas sobre posibles vulnerabilidades de ciberseguridad.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han denunciado que CBP One constituye una barrera para el asilo, violando así el derecho internacional de los refugiados. Esta situación ha sido exacerbada por decisiones políticas recientes, como la suspensión temporal del programa de parole humanitario para ciertos grupos, debido a reportes de fraude.
La controversia en torno a CBP One subraya la necesidad de mejoras urgentes en la aplicación, tanto para garantizar la equidad en el acceso como para prevenir el uso indebido de la misma. En un entorno donde cada clic puede determinar el futuro de una familia, asegurar la integridad de estas herramientas no es solo una cuestión técnica, sino un imperativo moral.
¿Cómo puede un sistema diseñado para facilitar la justicia y la equidad acabar favoreciendo a unos sobre otros? Las fallas en CBP One plantean interrogantes sobre el balance entre tecnología y derechos humanos en la era digital.
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