El Consejo de Ministros de Cuba ha dado luz verde a un anteproyecto de ley que permitiría a los ciudadanos decidir el sexo que figura en sus documentos legales, de acuerdo con su identidad de género.
La propuesta forma parte de la futura Ley del Registro del Estado Civil y, de ser aprobada por la Asamblea Nacional, abriría un camino sin precedentes en el reconocimiento legal de las personas trans y no binarias en el país.
Se trata de un paso significativo que responde a demandas históricas de la comunidad LGBTIQ+ cubana y que, de concretarse, colocaría a Cuba entre los países latinoamericanos con mayor avance en materia de derechos de identidad de género.
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Una de las novedades más importantes del anteproyecto es que el cambio de sexo registral no requerirá intervención quirúrgica ni dictamen médico obligatorio.
Esto significa que las personas podrán solicitar el cambio de género en su acta de nacimiento y en sus documentos oficiales basándose en su autopercepción, eliminando barreras legales y médicas que hasta ahora limitaban este derecho.
El objetivo es garantizar que los datos del Registro Civil reflejen la identidad de género vivida por la persona, promoviendo la coherencia entre su imagen social, su nombre y su sexo legal. Esta medida tendría impactos directos en la vida cotidiana, como:
Este anteproyecto se alinea con los principios ya reconocidos en el Código de las Familias aprobado en 2022, que consagra el respeto a la identidad de género como un derecho humano. Según fuentes oficiales, la reforma busca armonizar la legislación cubana con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigido por Mariela Castro, ha manifestado su respaldo a la propuesta, destacando que se trata de una deuda pendiente con las personas trans, víctimas de exclusión histórica.
A pesar del respaldo institucional, la propuesta genera tensión en sectores conservadores de la sociedad cubana, incluidos grupos religiosos y ciudadanos que expresan preocupación por la rapidez de los cambios en temas de identidad y familia.
Las autoridades han señalado que el anteproyecto será sometido a consulta y debate, antes de ser llevado a votación en la Asamblea Nacional. Este proceso podría reavivar el debate público sobre los límites entre los derechos individuales y las concepciones tradicionales de género.
De aprobarse, la ley permitiría a muchas personas trans acceder por primera vez a una documentación que las reconozca plenamente, evitando situaciones de estigmatización, exclusión laboral o maltrato institucional por incongruencias en su identidad legal.
También se espera que tenga un efecto positivo en la salud mental y el bienestar de las personas trans, al ofrecerles un reconocimiento legal que históricamente se les ha negado.
No. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto, pero debe ser debatido y aprobado por la Asamblea Nacional.
No. La propuesta elimina el requisito de cirugía o informes médicos. Bastará con una declaración basada en la autopercepción de género.
Podría facilitar que las personas trans accedan a estos derechos con documentación coherente, pero las leyes correspondientes seguirán vigentes.
El proceso aún no ha sido detallado en su totalidad, pero se espera que sea administrativo y no judicial, para garantizar accesibilidad.
Significaría un avance sustancial en términos de reconocimiento, protección legal y dignidad para una comunidad históricamente marginada.
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