
La crisis del gas licuado ha vuelto a encender las alarmas en millones de hogares cubanos.
La suspensión de su venta en varias provincias deja a familias sin una de las principales fuentes para cocinar, profundizando las dificultades cotidianas en un país ya marcado por escasez y apagones.
Las autoridades aseguran que la causa principal es la falta de inventarios y problemas financieros, pero la incertidumbre sobre cómo y cuándo se resolverá esta situación solo aumenta la frustración de la población.
¿Cómo enfrentarán los cubanos esta nueva prueba? Descubre todos los detalles a continuación.
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Desde principios de enero, la distribución de gas licuado (GLP) se ha visto interrumpida en provincias clave como La Habana, Artemisa y Mayabeque, extendiéndose rápidamente a territorios del centro y oriente del país, entre ellos Las Tunas, Camagüey y Cienfuegos.
Según los comunicados oficiales, la suspensión se debe a la falta de inventarios y a retrasos en la importación del combustible.
En declaraciones recientes, la UEB de Las Tunas señaló: “No contamos con gas licuado, no tenemos inventario y esperamos por la importación para reanudar el servicio”.
Situaciones similares se replican en Matanzas y otras regiones, donde solo ciertos sectores prioritarios, como pacientes encamados, reciben suministros limitados.
El déficit de GLP tiene raíces profundas en los problemas financieros del país. Las sanciones económicas internacionales han dificultado las transacciones bancarias, impidiendo que el gobierno pague a proveedores extranjeros de manera oportuna.
Además, el incremento en los costos del flete internacional complica aún más la logística de importación.
Aunque el gobierno informó en enero sobre la llegada de un barco cargado con GLP al puerto de Santiago de Cuba, las cantidades disponibles no alcanzaron para satisfacer la demanda acumulada.
La falta de gas licuado afecta gravemente a los hogares cubanos, que dependen de este recurso para cocinar.
En su lugar, muchas familias se han visto obligadas a utilizar métodos alternativos como la leña o el carbón, lo que supone un retroceso en las condiciones de vida y plantea riesgos ambientales y de salud.
En Camagüey, los ciudadanos han expresado frustración ante la suspensión del servicio.
Algunos residentes comentan que llevan meses esperando su turno para comprar gas, mientras que otros critican la falta de información clara por parte de las autoridades.
El gobierno cubano ha prometido gestionar la llegada de más embarques para aliviar la crisis, pero las soluciones parecen lejanas.
Mientras tanto, en provincias como Cienfuegos, las refinerías clave permanecen en paradas técnicas, agravando la situación.
El impacto real de esta crisis se siente directamente en los hogares, donde cocinar se ha convertido en un desafío diario.
Familias enteras están recurriendo a métodos improvisados y peligrosos para preparar sus alimentos, mientras enfrentan una incertidumbre angustiante sobre cuándo podrán acceder nuevamente al gas licuado.
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